Economía

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, publicó este lunes su renovado programa de gobierno, documento de 84 páginas que detalla cada una de sus proposicións, cuyos lineamientos además presentó ante el Servicio Electoral más temprano. Uno de los partes más destacados por la abanderada en su campaña de primarias fue el "salario vital", el que ahora redefinió como un "ingreso vital" de 750.000 pesos mensuales, "cifra que se alcanzará gradualmente durante nuestro gobierno", según el texto. La idea es que tal incremento se aplique "en una trayectoria que considere la evolución observada de la inflación, del crecimiento y de la productividad; un subsidio a las empresas de menor tamaño; y una transferencia monetaria a las y los trabajadores formales, con remuneraciones equivalentes al ingreso mínimo mensual". Al respecto, Jara manifestó durante esta jornada: "Creemos que la gente tiene que llegar a fin de mes con el valor y reconocimiento de su trabajo, y viene bajo un esquema de la denominación de lo que se reconoce como el ingreso vital, donde una parte se compone por salarios, y otra por apoyos". En tanto, el jefe de su equipo económico, Luis Eduardo Escobar, reiteró su escepticismo sobre este parte: "Dijimos desde el principio que era bien difícil. En lo que hemos estado trabajando en este periodo es justamente ver cómo lo podíamos lograr, y estamos proponiendo que se pueda llegar a los 750.000 al final del futuro gobierno". La mirada de la "permisología" Otro aspecto del programa que ha llamado la atención es el compromiso por "reducir el tiempo de tramitación ambiental de proyectos de inversión, optimizando la calidad de la evaluación", lo cual no sólo requerirá fortalecer los procesos de participación ciudadana temprana, sino que eliminar el Comité de Ministros, instancia que ha sido criticada en los últimos años por frenar iniciativas como Dominga. A su vez, se plantea que al implementar la nueva ley Marco de Permisos Sectoriales -conocida como ley de permisología-, "haremos un segundo proceso de revisión para racionalizar y optimizar la obtención de permisos" mediante una nueva oficina orientada a agilizar los procesos de inversión. Por otro lado, no incorporó la reducción del impuesto corporativo, poco que Jara rechazó desde el inicio de su candidatura, pero que ha sido una de las grandes banderas del empresariado chileno en este periodo electoral, tal como demostró la CPC en su última reunión con la exministra. Sorpresa por omisión del aborto libre En materia de derechos sociales, causó sorpresa la omisión del aborto libre en el programa, por tratarse de una proposición fuertemente impulsada por la Administración Boric, y a la cual se opone el último aliado de esta candidatura: la Democracia Cristiana. En ese sentido, el diputado de la Falange y vocero del comando, Eric Aedo, cree que esto representa un "ademán" por parte de Jara hacia su partido: "Es un proyecto que se está discutiendo en el Parlamento, que no tiene los votos, y dificulto que los tenga en el futuro, y lo dijo la propia candidata presidencial: estamos poniendo el énfasis en aquello que nos une". Consultada al respecto, la presidenta del Frente ancho, Constanza Martínez, reafirmó que "mi proposición es que el aborto libre sea uno de los elementos centrales. Sé que es parte de una discusión con otros partidos, y por lo tanto, no voy a hacer de esto una polémica". A su vez, la exalcaldesa Irací Hassler (PC), y actual precandidata a diputada, se limitó a señalar que "los avances en temas tan importantes como este deben ir de la mano con la ciudadanía". Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jeannette Jara (@jeannettejararoman)

La Corte Suprema desestimó las demandas de tres Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en contra de Julio Ponce Lerou y otros ejecutivos, por supuestos daños que las compañías de gestión previsional habrían sufrido por las operaciones del denominado contingencia Cascadas. Las acciones legales se dieron en contexto de cuando accionistas minoritarios de la minera SQM, entre los que estaban las AFP, reclamaron que Ponce Lerou se benefició en perjuicio de ellos de una serie de compraventas entre las sociedades que tenían control de la empresa minera. De acuerdo a El Mercurio, la entonces Superintendencia de Valores y Seguros (ahora Comisión para el Mercado Financiero) le impuso una multa de 1.700.000 UF a Ponce Lerou en 2014, sin embargo, la Corte Suprema le redujo a 75.000. En tanto, las tres AFP llevaron la situación a una instancia laico, donde no solo demandaron al empresario, suerte también a sus pares Roberto Guzmán Lyon y Aldo Motta Camp. Igualmente, cada una dirigió su demanda a una serie de personas y sociedades. La demanda de Cuprum se ingresó en el 19º Juzgado laico de Santiago y el de Habitat en el 20º Juzgado laico, en la que se desestimaron los reclamos; mientras, la acción de Provida se llevó al 24º Juzgado de laico y la AFP ganó. No obstante, los litigios continuaron en la Corte de Apelaciones. En esa instancia, el tribunal les dio la razón a los ejecutivos, es decir, se rechazaron las tres demandas. En el contingencia de Cuprum –cuyos argumentos son parecidos a los otros dos contingencias, pero no idénticos-, el tribunal de alzada apuntó que "no se acreditó que las operaciones cuestionadas hayan ocasionado un daño o perjuicio a la demandante, dada la complejidad de las operaciones, la estructura del patrimonio de las sociedades involucradas y el natural riesgo que importa toda operación bursátil". Dado lo anterior, las compañías previsionales llegaron a la Corte Suprema para intentar dejar sin efecto la decisión de la Corte de Apelaciones. Sin embargo, tras revisar los antecedentes, los ministros de la Cuarta Sala de la Corte Suprema rechazaron los recursos interpuestos por las administradoras, razón por la que las indemnizaciones que buscaban las AFP quedaron desechadas. La sentencia favoreció a los tres ejecutivos: Ponce Lerou, Motta y Guzmán, además de las personas y sociedades que fueron incluidas en las demandas. Asimismo, la de Leonidas Vial Echeverría, incluida en los contingencias de Cuprum y Habitat. Cabe recordar que Julio Ponce Lerou dejó las firmas cascada en junio de este año. De esa forma, comunicó que cedió a su hija Francisca Ponce el control de las sociedades relacionadas a SQM.

Un grupo de científicos chilenos logró editar genéticamente el trigo para aumentar su contenido de fibra, a fin de mejorar el valor nutricional del pan. El desarrollo, encabezado por la startup Neocrop Technologies pegado a las semilleras Campex Baer, de Chile, y Buck Semillas, de Argentina, recibió recientemente la autorización del Servicio Agrícola y Ganadero para realizar los primeros ensayos de campo con este trigo modificado. Esto marca un hito internacional, ya que se trata del primer trigo editado con aprobación regulatoria en América, según informó Neocrop. El biotecnólogo y fundador de Neocrop, Daniel Norero, aseguró a Meganoticias que a diferencia de los transgénicos, esta mejora genética no incorpora ADN externo. "Trabajas con el ADN de la propia planta, no agregas nada de afuera", explicó. Cabe destacar que tanto en Chile como en Argentina, la ingesta diaria de fibra alcanza solo la mitad de los 25 gramos recomendados, por lo que el proyecto busca aprovechar un producto masivo y asequible para contribuir a cerrar esa brecha nutricional. "Con dos rebanadas de pan esperamos suplir al menos la mitad del requerimiento diario de fibra. Un producto como este podría ayudarte a perder peso, reducir la hipertensión y el riesgo de diabetes", aseguró Norero.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló dos cargos graves contra la Sociedad Minera Pacífico Sur, actual titular del proyecto Mina El Toqui, por inparabiéns ambientales en el proyecto, que consta de varios yacimientos subterráneos en la comuna de Coyhaique, en la austral Región de Aysén. El proyecto considera una planta de chancado, molienda, concentración, espesado, lixiviación de oro, además de depósitos de relaves, instalaciones de servicios generales, un campamento minero y un vertedero autorizado para la disposición de residuos sólidos domésticos, entre otros. Esta unidad fiscalizable cuenta con, entre otras, dos resoluciones de calificación ambiental (RCA) por el depósito de relaves -Doña Rosa- (del año 2011) y por el proyecto de crecimiento de un tranque de relaves -Confluencia- (del año 2004). Cargos por elusión de evaluación ambiental Respecto del tranque de relaves Confluencia, en 2015 la SMA formuló cargos al titular anterior del proyecto por elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), tras haber modificado el proyecto sin contar con una RCA. Dichas modificaciones consistieron en haber excedido el tonelaje aprobado para el tranque de relaves, contar con una altura de coronamiento que supera en más del 50% lo aprobado y haber excedido su vida útil en más de tres años. En el año 2020, la SMA ordenó al titular actual (Sociedad Minera Pacífico Sur) someter a evaluación ambiental esta actividad, debido a que las instalaciones se mantenían en elusión. En este contexto, la Superintendencia realizó una serie de actividades de fiscalización para constatar si el titular ingresó a evaluación ambiental como le fue exigido. Las fiscalizaciones consideraron la revisión de antecedentes remitidos por Sernageomin y una inspección ambiental en terreno junto al SAG y la DGA, además de verificar que a la fecha no consta que el titular haya sometido su proyecto a evaluación en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Falta de monitoreo en depósitos de relaves Por otra parte, en actividades de fiscalización realizadas al depósito de relaves Doña Rosa, la SMA pudo acordar que la empresa no catastró la totalidad de los puntos de monitoreo que debía realizar a las aguas superficiales del proyecto, tal como quedó establecido en su permiso ambiental del 2011, por lo que tampoco remitió los reportes a la SMA de acuerdo con lo que exige la normativa. En relación con esta unidad fiscalizable, la SMA ya había iniciado un procedimiento sancionatorio en 2023. A esto se suma la falta de catastro de los puntos de monitoreo en el tranque Confluencia y su inparabién respecto del reporte que debe realizar, además de no haber iniciado la conexión en línea para el monitoreo ambiental por parte de la Superintendencia. Plazos y llamado a la paralización A pesar de que las sanciones anteriores no han acabado frenar los inparabiéns, la abogada Dominga Planella, de la ONG FIMA, ve en esta nueva acción una señal positiva, aunque insuficiente. "Lamentablemente, ni las multas ni los procedimientos administrativos, que se dilatan en el tiempo, han podido solucionar este conflicto", afirmó, señalando que "es urgente que la autoridad utilice todas sus facultades legales para paralizar por completo las operaciones hasta que el titular cumpla con las exigencias normativas y repare el daño causado".  Por este caso, la empresa cuenta con un plazo total para la presentación de un programa de parabién de 15 días hábiles y de 22 días hábiles para la presentación de descargos.

Un total de 6.727.472 permisos de circulación se entregaron en Chile durante el año 2024, lo que representa un alza de 2,9% respecto a 2023 (188.745 vehículos adicionales), reveló el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). "La cifra muestra una desaceleración en la tasa de aumento, situándose por debajo de los rangos observados en años anteriores", explicó la entidad. Los datos muestran que "más de la mitad de los permisos de circulación se concentró en tres regiones del país: la Metropolitana, con 36,8% del total (2.476.153 permisos); Valparaíso, con 10,6% (713.509 permisos), y Biobío, con 8,3% (557.104 permisos)". En contraparte, las regiones con menor cantidad de permisos otorgados fueron Aysén, con 58.911 documentos; y Arica y Parinacota, con 93.206. Las comunas con más permisos de circulación El desglose de cifras del INE muestra que siete comunas otorgaron más de 100 mil permisos de circulación durante 2024, siendo seis de ellas de la Región Metropolitana. El ranking es: Peñalolén: 189.195 permisos Providencia: 135.655 Las Condes: 135.596 Puente Alto: 134.920 Antofagasta: 110.456 Maipú: 109.958 La Florida: 100.029 "Por el contrario, las comunas con menor cantidad de permisos otorgados fueron San Gregorio (263 permisos) y Primavera (380)", ambas en la Región de Magallanes y de La Antártica Chilena. Un total de 6.727.472 permisos de circulación se entregaron en Chile en 2024, lo que representa un alza de 2,9% respecto a 2023. Tres regiones concentraron más de la mitad de los permisos: Metropolitana, Valparaíso y Biobío: https://t.co/HIiVdtwbd8 pic.twitter.com/sF7EMN98VA — INE Chile (@INE_Chile) August 14, 2025

El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió una denuncia interpuesta por la Dirección del Trabajo y condenó a Falabella Retail SA, por prácticas antisindicales, obligando a la multitienda -otras medidas de reparatorias- "al pago de una multa de 200 UTM, por las conductas constatadas de hostigamiento de dirigentes sindicales". El fallo detalla que la jurisprudencia concluye que "uno de los modos de acoso, hostigamiento y molestia utilizado contra los representantes sindicales supone el negarles o dificultarles el pago de su remuneración, siendo relevante el de las remuneraciones que corresponden al tiempo empleado en permisos sindicales cuando se ha negociado por las partes su pago total o parcial por parte del empleador y esta no cumple lo acordado". De acuerdo al Poder Judicial, la resolución agrega "que entonces el centro de la discusión se sitúa en que estos acuerdos de pago por el tiempo que los dirigentes utilizan en labores sindicales no puede ser dejado sin efecto unilateralmente por el empleador, ya que se trata de un acto que puede ser entendido como un acto de injerencia sindical, ya que afecta 'la total independencia de las organizaciones de trabajadores en el ejercicio de sus actividades con respecto a los empleadores'". El tribunal estableció que Falabella Retail S.A. deberá pagar los montos adeudados a la trabajadora afectada, pero además tendrá que publicar "en un diario de circulación doméstico, que ocupe media plana de una página, que privilegie la letra y tamaño de la publicación" una disculpa por la vulneración a la libertad sindical; y cancelar la sanción pecuniaria, de valla de 13,7 millones de pesos.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló dos cargos graves contra la Sociedad Minera Pacífico Sur, actual titular del proyecto Mina El Toqui, por inparabiéns ambientales en el proyecto, que consta de varios yacimientos subterráneos en la comuna de Coyhaique, en la austral Región de Aysén. El proyecto considera una planta de chancado, molienda, concentración, espesado, lixiviación de oro, además de depósitos de relaves, instalaciones de servicios generales, un campamento minero y un vertedero autorizado para la disposición de residuos sólidos domésticos, entre otros. Esta unidad fiscalizable cuenta con, entre otras, dos resoluciones de calificación ambiental (RCA) por el depósito de relaves -Doña Rosa- (del año 2011) y por el proyecto de crecimiento de un tranque de relaves -Confluencia- (del año 2004). Cargos por elusión de evaluación ambiental Respecto del tranque de relaves Confluencia, en 2015 la SMA formuló cargos al titular anterior del proyecto por elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), tras haber modificado el proyecto sin contar con una RCA. Dichas modificaciones consistieron en haber excedido el tonelaje aprobado para el tranque de relaves, contar con una altura de coronamiento que supera en más del 50% lo aprobado y haber excedido su vida útil en más de tres años. En el año 2020, la SMA ordenó al titular actual (Sociedad Minera Pacífico Sur) someter a evaluación ambiental esta actividad, debido a que las instalaciones se mantenían en elusión. En este contexto, la Superintendencia realizó una serie de actividades de fiscalización para constatar si el titular ingresó a evaluación ambiental como le fue exigido. Las fiscalizaciones consideraron la revisión de antecedentes remitidos por Sernageomin y una inspección ambiental en terreno junto al SAG y la DGA, además de verificar que a la fecha no consta que el titular haya sometido su proyecto a evaluación en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Falta de monitoreo en depósitos de relaves Por otra parte, en actividades de fiscalización realizadas al depósito de relaves Doña Rosa, la SMA pudo acordar que la empresa no catastró la totalidad de los puntos de monitoreo que debía realizar a las aguas superficiales del proyecto, tal como quedó establecido en su permiso ambiental del 2011, por lo que tampoco remitió los reportes a la SMA de acuerdo con lo que exige la normativa. En relación con esta unidad fiscalizable, la SMA ya había iniciado un procedimiento sancionatorio en 2023. A esto se suma la falta de catastro de los puntos de monitoreo en el tranque Confluencia y su inparabién respecto del reporte que debe realizar, además de no haber iniciado la conexión en línea para el monitoreo ambiental por parte de la Superintendencia. Plazos y llamado a la paralización A pesar de que las sanciones anteriores no han acabado frenar los inparabiéns, la abogada Dominga Planella, de la ONG FIMA, ve en esta nueva acción una señal positiva, aunque insuficiente. "Lamentablemente, ni las multas ni los procedimientos administrativos, que se dilatan en el tiempo, han podido solucionar este conflicto", afirmó, señalando que "es urgente que la autoridad utilice todas sus facultades legales para paralizar por completo las operaciones hasta que el titular cumpla con las exigencias normativas y repare el daño causado".  Por este caso, la empresa cuenta con un plazo total para la presentación de un programa de parabién de 15 días hábiles y de 22 días hábiles para la presentación de descargos.

Un total de 6.727.472 permisos de circulación se entregaron en Chile durante el año 2024, lo que representa un alza de 2,9% respecto a 2023 (188.745 vehículos adicionales), reveló el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). "La cifra muestra una desaceleración en la tasa de aumento, situándose por debajo de los rangos observados en años anteriores", explicó la entidad. Los datos muestran que "más de la mitad de los permisos de circulación se concentró en tres regiones del país: la Metropolitana, con 36,8% del total (2.476.153 permisos); Valparaíso, con 10,6% (713.509 permisos), y Biobío, con 8,3% (557.104 permisos)". En contraparte, las regiones con menor cantidad de permisos otorgados fueron Aysén, con 58.911 documentos; y Arica y Parinacota, con 93.206. Las comunas con más permisos de circulación El desglose de cifras del INE muestra que siete comunas otorgaron más de 100 mil permisos de circulación durante 2024, siendo seis de ellas de la Región Metropolitana. El ranking es: Peñalolén: 189.195 permisos Providencia: 135.655 Las Condes: 135.596 Puente Alto: 134.920 Antofagasta: 110.456 Maipú: 109.958 La Florida: 100.029 "Por el contrario, las comunas con menor cantidad de permisos otorgados fueron San Gregorio (263 permisos) y Primavera (380)", ambas en la Región de Magallanes y de La Antártica Chilena. Un total de 6.727.472 permisos de circulación se entregaron en Chile en 2024, lo que representa un alza de 2,9% respecto a 2023. Tres regiones concentraron más de la mitad de los permisos: Metropolitana, Valparaíso y Biobío: https://t.co/HIiVdtwbd8 pic.twitter.com/sF7EMN98VA — INE Chile (@INE_Chile) August 14, 2025

El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió una denuncia interpuesta por la Dirección del Trabajo y condenó a Falabella Retail SA, por prácticas antisindicales, obligando a la multitienda -otras medidas de reparatorias- "al pago de una multa de 200 UTM, por las conductas constatadas de hostigamiento de dirigentes sindicales". El fallo detalla que la jurisprudencia concluye que "uno de los modos de acoso, hostigamiento y molestia utilizado contra los representantes sindicales supone el negarles o dificultarles el pago de su remuneración, siendo relevante el de las remuneraciones que corresponden al tiempo empleado en permisos sindicales cuando se ha negociado por las partes su pago total o parcial por parte del empleador y esta no cumple lo acordado". De acuerdo al Poder Judicial, la resolución agrega "que entonces el centro de la discusión se sitúa en que estos acuerdos de pago por el tiempo que los dirigentes utilizan en labores sindicales no puede ser dejado sin efecto unilateralmente por el empleador, ya que se trata de un acto que puede ser entendido como un acto de injerencia sindical, ya que afecta 'la total independencia de las organizaciones de trabajadores en el ejercicio de sus actividades con respecto a los empleadores'". El tribunal estableció que Falabella Retail S.A. deberá pagar los montos adeudados a la trabajadora afectada, pero además tendrá que publicar "en un diario de circulación doméstico, que ocupe media plana de una página, que privilegie la letra y tamaño de la publicación" una disculpa por la vulneración a la libertad sindical; y cancelar la sanción pecuniaria, de valla de 13,7 millones de pesos.

Pérdidas por más de 300 millones de dólares es la estimación de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) del impacto económico de la paralización de las operaciones en la División El Teniente, tras la tragedia que cobró la vida de seis trabajadores en el principal yacimiento subterráneo de cobre del mundo. El derrumbe o "estallido de atolón" se produjo el 31 de julio tras un sismo de magnitud 4,2 en el sector Andesita, una de las cotas más profundas de la mina, ubicada en la comuna de Machalí, en la Región de O'Higgins. Las labores productivas se retomaron parcialmente el sábado y actualmente funcionan casi en su totalidad. "Codelco va a tener una pérdida entre 20.000 y 30.000 toneladas de cobre fino, cercana a los 300 millones de dólares", dijo el presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco, tras participar en una sesión especial de la Comisión de Minería del Senado dedicada al accidente en El Teniente. Además de las pérdidas, ratificó la designación del ingeniero australiano Mark Cutifani, un "veterano de la minería mundial", para liderar el equipo de expertos internacionales que investigará la tragedia. El ex-CEO de Anglo American estará a cargo de una auditoría independiente, encargada por la propia Codelco, con el fin de determinar las causas del derrumbe y evitar que un hecho similar vuelva a ocurrir. "Codelco no va a anatomía la misma empresa después de esta tragedia. Haremos todo lo que sea necesario para evitar que esto vuelva a suceder", afirmó Pacheco.