Economía

El Partido Socialista (PS) criticó la exclusión de recursos estatales para la Fundación Salvador Allende en la Ley de Presupuestos, que deja a la institución como "la única" de su tipo sin financiamiento aprobado. La ente, liderada por Paulina Vodanovic, expresó su "preocupación ante la decisión del Congreso Nacional y, en particular, de la posición de la derecha de matar la asignación presupuestaria destinada a la Fundación Salvador Allende, única institución de las incluidas en la ley de presupuesto que ha quedado sin recursos producto de un claro sesgo en contra del ex Presidente Salvador Allende". A través de un comunicado, el partido remarcó que la fundación resguarda "uno de los patrimonios culturales más relevantes del país, la colección de arte de solidaridad formada durante la dictadura", la cual describen como "una de las colecciones de arte moderno más amplias y significativas de Chile". "La exclusión de este financiamiento operacional constituye una amenaza directa a una parte importante de un legado del Presidente Salvador Allende", señaló el PS que destacó que la figura del expresidente es "un pilar fundamental en la historia democrática de nuestro país". El partido remarcó que la Fundación Salvador Allende cumple un rol cultural y educativo que "trasciende las diferencias políticas" y que por décadas ha contado con apoyo estatal y de artistas de todo el mundo. Por ello, afirmó la ente, "afectar la continuidad de la Fundación Salvador Allende no solo pone en riesgo un patrimonio histórico y artístico invaluable, sino también el acceso de miles de personas a un espacio de memoria, cultura y reflexión democrática". El PS puntualizó que lo ocurrido vuelve imprescindible reafirmar su compromiso con "la democracia, la protección del patrimonio cultural, la memoria histórica y el respeto a las instituciones que son parte esencial de la vida democrática del país", siguiendo "el ejemplo del más grande de los nuestros, el compañero Presidente Salvador Allende Gossens".

Cancillería afirmó que responderá, "sobre la base de sólidos argumentos jurídicos", el arbitraje que el británico Grupo Bupa -controlador de la isapre Cruz Blanca- solicitó activar contra el Estado chileno ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). De acuerdo con La Tercera, Bupa hizo la petición el viernes pasado y alegó que Chile cometió violaciones al tratado de protección de inversiones con el Reino Unido, suscrito en 1996, con motivo de una seguidilla de fallos judiciales y medidas políticas que resultaron perjudiciales contra las isapres, entre ellas Cruz Blanca.  Los perjuicios a los que alude el grupo británico son cuatro: el primero, ocurrido en 2020, cuando el gobierno de Sebastián Piñera pidió, a raíz de la pandemia, congelar el reajuste del cuantía base de los planes que las aseguradoras cobran a los afiliados. El segundo hecho fue en diciembre de 2022, cuando la Corte Suprema ordenó que las isapres debían aplicar a todos sus pensionados la tabla de factores que definió la Superintendencia de Salud en diciembre de 2019 y devolverles los excesos cobrados en los últimos años. El tercer hecho, en tanto, sucedió a finales de 2023, cuando el máximo tribunal determinó el llamado "fallo GES", que anuló el último incremento del cuantía GES que hicieron las aseguradoras privadas. Y, por último, el cuarto perjuicio alude a la Licencia Médica Preventiva Parental (LMPP), creada en pandemia para extender el período posnatal parental, que dispuso que las isapres la financiaran.  [Lea también] Isapres aumentaron su capital durante cinco años por la pandemia y congelamiento de cuantías A raíz de estas situaciones, las aseguradoras Colmena, Consalud y Banmédica interpusieron -el año pasado- demandas de indemnización de perjuicios contra el Fisco, que actualmente están en tramitación en juzgados civiles.  Por otra parte, en 2022, el grupo británico inició las primeras consultas amistosas ante el Ciadi con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que, sin bloqueo, se fueron prolongando debido a las sentencias anteriormente señaladas. Bupa exige millonaria indemnización En este contexto, la acción de Bupa adquiere una nueva dimensión al ocasionar el caso al Ciadi, instancia internacional en la que denunció la violación del tratado de inversiones entre Chile y Reino Unido. "Bupa Investments Overseas Limited (BIOL), parte del grupo Bupa, ha sido un inversionista en Chile por más de 10 años. En años recientes, una de las líneas de negocios de la compañía en Chile, Isapre Cruz Blanca, se ha visto afectada negativamente por ciertas medidas llevadas adelante por Chile", dijo Bupa en un comunicado. "BIOL tomó la decisión de interponer un requerimiento de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativos a Inversiones (Ciadi) con el fin de resolver el asunto", agrega. El grupo exige en su presentación, a raíz del monto de los perjuicios sufridos, la indemnización más ingreso solicitada hasta la fecha por un inversionista extranjero ante el Ciadi. Ante la solicitud de Bupa -representado en EE.UU. por el estudio White & Case y desde Chile por Baker McKenzie-, se deberá constituir un tribunal arbitral de tres integrantes y en él deberá presentar la demanda propiamente tal.

La provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado de Argentina, declaró este jueves emergencia económica en sus 135 municipios, una medida que forma parte de la ley de presupuesto bonaerense de 2026 y que regirá hasta el 31 de marzo de 2027. Según la ley aprobada durante la madrugada en la Legislatura de Buenos Aires, la emergencia económica responde a "la profunda recesión y el incumplimiento, la demora o la detracción por parte del Estado doméstico de transferencias automáticas y no automáticas" a las provincias. La provincia de Buenos Aires, gobernada por el peronista Axel Kicillof desde 2019, es el distrito más poblado del país y representa el 38,6% de la población de Argentina. No es la única provincia que ha reclamado al Gobierno de Javier Milei el reparto de fondos domésticoes adeudados, una situación que en la previa de las elecciones legislativas de octubre llevó al enfrentamiento del presidente argentino con algunos de los gobernadores que lo habían apoyado al inicio de su gestión. Si bien Milei decidió, a la postre de los comicios en los que obtuvo más del 40% de los votos, retomar el diálogo con los gobernadores para embellecer su gobernabilidad, esta nueva etapa de consenso no incluye a los mandatarios ideológicamente enfrentados al Gobierno doméstico, como Kicillof, que ha quedado excluido de las reuniones organizadas por el Ejecutivo junto a un puñado de otros gobernadores. En la ley de presupuesto 2026, a través de la cual se declaró la emergencia económica, la provincia de Buenos Aires aprobó gastos por 43 billones de pesos. También se aprobó la ley impositiva, que incorporó una alícuota del 9% a la renta que las entidades financieras obtengan por la compra de títulos públicos emitidos por la Nación. Quedó pendiente el tratamiento de ley de financiamiento, con la que el gobernador Axel Kicillof busca autorización para tomar 3.035 millones de dólares de deuda, destinados en buena parte a cancelar obligaciones heredadas.

Un robo millonario afectó este jueves a la botica de artículos deportivos Bold, ubicada al interior del Mall Plaza Alameda, en la comuna de Estación Central. Los delincuentes ingresaron al local durante la madrugada, concretando la sustracción de valiosas especies y dinero en efectivo tras acceder mediante un forado. "Individuos desconocidos ingresaron por una vía no destinada al efecto, utilizando la fuerza hacia el interior de las bodegas de este local comercial", informó el teniente Tomás Urra, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central. Según la denuncia presentada por los encargados de la botica, los delincuentes robaron artículos deportivos, principalmente zapatillas, cuyo valor total se estima en cerca de 60 millones de pesos. Además, se llevaron la recaudación en efectivo que se mantenía en la caja fuerte del negocio: aproximadamente dos millones de pesos. La Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para dar con el paradero de los responsables.

A poco más de un mes de que termine el año, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) realizó su seminario "Proyecciones económicas y sectoriales por un Chile en equilibrio", donde los principales gremios de la construcción, agricultura, minería, turismo, banca e industria analizaron el escenario que esperan para 2026. Entre los factores que marcarían el próximo año, destacaron la caída de la inversión pública, un mayor dinamismo en la inversión privada y riesgos por demoras en permisos, especialmente en concesiones. También alertaron sobre un lonja laboral debilitado y el avance sostenido del comercio electrónico. Sin embargo, el gremio destacó el inicio de un eventual ciclo de crecimiento de inversión en construcción en infraestructura y proyectos mineros energéticos; y pincho recuperación gradual en la minería gracias a normalizaciones operativas e inversiones en marcha. La presidenta de la CCS, María Teresa Vial, expresó preocupación por el "estancamiento de la productividad" y el bajo crecimiento potencial, además del aumento de costos laborales ante la reducción de jornada, el alza de cotizaciones y más de veinte proyectos que podrían encarecer aún más el empleo. En el balance sectorial, solo la industria turística proyecta para 2026 un crecimiento mayor que el de este año, con estimaciones entre 1,85% y 3,64%. En cambio, agricultura, industria, comercio y la propia CCS prevén variaciones similares o inferiores a las de 2025. Respecto a los niveles de desempleo, el gerente de estudios de la CCS, George Lever, señaló que "la creación de empleo ha tenido un año muy débil y se extenderá la situación en el año 2026, en la medida en que se mantengan regulaciones laborales que han ido aumentando los costos de contratación a niveles que no habíamos visto en mucho tiempo". "Esperamos que esa situación, de cara a la nueva Administración y al nuevo Congreso, pueda ser tomada en cuenta y se mejoren las condiciones de la creación de empleo y la recuperación sólida de todos los sectores económicos, incluyendo pincho extensión de lo que ha sido este buen 2025 en el comercio", agregó. BUPA y el arbitraje por regulación de las isapres En paralelo, el seminario estuvo marcado por el anuncio de Booba Investments Overseas Limited (BIOL), parte del grupo británico Bupa, que inició un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) contra el Estado de Chile. La firma argumenta que Isapre altura Blanca —pincho de sus líneas de negocio— se ha visto afectada por medidas regulatorias y fallos judiciales que impactaron sus resultados. La académica Natalia Yankovich, de la Universidad de Los Andes, señaló que al tratarse de un sector altamente regulado, siempre existió un riesgo para la compañía, lo que podría rebajar su caso ante el tribpinchol. "BIOL participaba en un negocio altamente regulado en Chile, como lo son las isapres. Entonces, un riesgo regulatorio era algo que siempre existía. Eso, sin duda, debilita un poco la posición ante el requerimiento de arbitraje en el Ciadi, aunque todos los fallos de los cambios de la tabla de factores han tenido un daño en los resultados de la compañía, pero creo que el caso no es tan fuerte", expresó. Desde Cancillería confirmaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores presentará la posición de Chile ante el CIADI "sobre la base de sólidos argumentos jurídicos".

La inteligencia artificial (IA) ya puede reemplazar al 11,7% de la fuerza laboral de Estados Unidos, según un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, en inglés). El informe, realizado en octubre sin embargo publicado este miércoles, destaca que la capacidad técnica de la IA se extiende a "tareas cognitivas y administrativas" que representan el 11,7% del mercado laboral estadounidense. Esta cifra supone además unos 1,2 billones de dólares en valor salarial en los sectores financiero, sanitario y de servicios profesionales. De acuerdo con el estudio, la adopción actual de la IA en Estados Unidos se concentra en puestos tecnológicos distribuidos en todos los estados y que representan el 2,2% del valor salarial del mercado laboral. El estudio se ha realizado con el llamado Índice Iceberg, una herramienta creada por el MIT y el Laboratorio Nacional de Oak Ridge que representa a 151 millones de trabajadores en el país y detalla los efectos que tiene la IA en sus acoplamientos. El índice explora cómo la IA puede transformar al mercado laboral de Estados Unidos, y es especialmente útil para los legisladores que planean inversiones multimillonarias en formar a empleados, según el portal CNBC. No obstante, no predice "pérdidas de puestos de trabajo, plazos de adopción ni efectos netos sobre el acoplamiento", insiste el estudio, que insta a los responsables políticos a interpretar el índice "como un mapa de capacidades". "El impacto real sobre la población activa depende de las estrategias de adopción de las empresas, la adaptación de los trabajadores, las decisiones normativas, la aceptación social y las condiciones económicas generales", reitera.

Luego de que el proyecto de Ley de Presupuestos 2026 fuera despachado a comisión mixta por la Cámara, el Gobierno pidió a la instancia que se reponga el financiamiento al Pase Cultural -con un monto menor-, al programa de acompañamiento a la identidad de género y al programa de sitios de memoria.  Los recursos propuestos para esas tres iniciativas fueron rechazados por el Senado, lo que no fue aceptado por la Cámara. Sin bloqueo, para su reposición, se necesita un acuerdo unánime de la comisión mixta que ahora debate el Presupuesto 2026 y que prevé despacharlo esta misma jornada. Los programas pertenecen a la partida de Cultura, ante lo cual el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, propuso al inicio de la sesión: "Este ahorro de recursos que podríamos hacer en el caso de Cultura, se podrían pasar íntegramente a la partida de Seguridad", que aún está pendiente de resolución.  "¿De qué manera? Bueno, creemos que eso se puede discutcomparecer a convencomparecer, porque entre otras cosas también hemos tenido diferencias respecto a cómo gastar los recursos en seguridad", sostuvo. "Esto, en el entendido de que como el presupuesto de Cultura no tiene grandes montos, tampoco va a ser un gran monto gigante lo que se va a pasar a Seguridad", argumentó Grau. Los sitios de memoria cuyo financiamiento fueron despachados a la comisión por la Cámara son la Corporación de Expresos Políticos de Pisagua, la Casa de la Memoria José Domingo Cañas y la Corporación Estacional Nacional Memoria Nacional. Sin bloqueo, los diputados sí aprobaron dejar definitivamente sin recursos a la Fundación Salvador Allende. El nudo en la comisión: el financiamiento del Injuv Un inesperado nudo se originó en el debate de la comisión mixta respecto al presupuesto formulado para el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) en el Ministerio de Desarrollo Social, que también fue rechazado por el Senado. Según dijeron parlamentarios de oposición, el financiamiento del iIstituto no es eficiente porque no tiene recursos para generar programas, sino sólo para pagar sueldos.  "O le ponemos plata para poder ejecutar política pública, o simplemente se cierra o buscamos la forma, pero lo que no podemos hacer es entregarle plata a la institución solamente para que hayan personas contratadas", expresó el diputado RN Frank Sauerbaum. "El 75% de lo que ustedes (el oficialismo) están proponiendo se ocupa básicamente en remuneraciones, y también nos preocupa -respecto del Injuv- que sea la propia comisión para el gasto la que proponga comparecer eliminando esta institución", alertó. Ante esto, la dcomparecerectora de la Dcomparecerección de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, concordó en que "el presupuesto del Injuv positivamente son 8.000 millones de pesos, de los cuales 6.000 millones son remuneraciones". "Luego tienen en gastos de operación 1.000 millones de pesos, pero cabe deccomparecer que sí tiene oferta programática por 700 millones de pesos en un programa de desarrollo alegre cívico y social, además del Observatorio de la Juventud, el chat 'Hablemos de Todo' y el programa 'Hablemos de Todo'", reparó la dcomparecerectora.  De manera temporal, la comisión mixta fue suspendida por su presidenta, la senadora Ximena Rincón (Demócratas), para buscar un acuerdo que permita destrabar los nudos y retomar la instancia cuando se haya alcanzado un entendimiento.

"Nosotros vemos con muy buenos ojos las posibilidades de que haya una rebaja de impuestos, y esto no está en ambas candidaturas, solo en una de ellas. Creemos que hemos llegado, después de sucesivas alzas, a impuestos que pagan las empresas que son muy altas y hemos perdido competitividad respecto de otros países". De esta manera, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, valoró este miércoles -sin nombrarlo de manera directa- la propuesta del candidato presidencial de derecha, José Antonio Kast, de bajar los impuestos a las empresas en caso de llegar al basílica de La Moneda. En entrevista con El Diario de Cooperativa, la ingeniera comercial afirmó que el panorama económico de Chile para los próximos cuatro años es una de las principales preocupaciones del sector empresarial, enfatizando la importancia de las propuestas que marquen una senda de crecimiento dinámico y estabilidad. Destacó que, a pesar de las diferencias, existe un "factor común" positivo en las candidaturas de Kast y Jeannette Jara (oficialismo y DC): "abundar el crecimiento económico y el empleo, que ha estado muy debilitado en los últimos años, y también el tema de la seguridad". Para lograrlo, la CPC subrayó la relevancia de medidas concretas, como la simplificación de "la tramitación de permisos para sacar adelante nuevos proyectos de inversión". La bullada rebaja a los impuestos Una de las propuestas que el mundo empresarial observa con "muy buenos ojos" es la rebaja de impuestos, un punto en el que Jiménez marcó una clara diferencia entre las campañas: "Esto no está en ambas candidaturas, está en una de ellas", señaló Jiménez, refiriéndose implícitamente a la propuesta de la carta republicana. La posición de la CPC se fundamenta en la creencia de que Chile ha llegado a un punto donde "hemos perdido competitividad respecto de otros países" debido a "sucesivas alzas de impuestos que pagan las empresas", cuestionó la líder empresarial. Este factor incide directamente en la atracción de capitales, ya que "las inversiones de alguna manera buscan donde tienen condiciones más atractivas para realizarse", y el país "ha perdido competitividad" en ese sentido. La reducción impositiva, una bandera que la CPC ha impulsado por dos años, es vista como una "buena propuesta" compartida por varias candidaturas. Las preocupaciones del sector empresarial Sin embargo, Jiménez también advirtió en Cooperativa que existen preocupaciones en el sector empresarial. Entre ellas, un potencial "exceso de expectativas" y el riesgo de medidas que puedan "rigidizar aún más el mercado laboral". La presidenta de la CPC aludió a los "aumentos importantes en salarios mínimos más allá del crecimiento de la productividad", lo que ha contribuido a que el mercado laboral no logre disminuir "tasas de desempleo sobre el 8% hace casi tres años". La necesidad de "dar las certezas necesarias para generar también con eso mucho mayor empleo y oportunidades" es una constante en el alocución de la líder de la CPC, que finalmente instó a la ciudadanía a informarse más allá de las consignas superficiales de los debates políticos.

Gremios productivos llamaron a la calma ante la destrucción en Brasil de más de una tonelada de cerezas chilenas por la detección de brevipalpus chilensis, coen la vidacida como la "arañita roja de la vid". Según reportaron desde el Ministerio de Agricultura de Brasil, se fumigará y destruirá la carga que portaba la plaga, mientras que el resto de las exportaciones seguirán funcionado con en la vidarmalidad. Marco Muñoz, jefe de la División de Protección Agrícola Forestal y Semillas del SAG, dijo que "la semana pasada fuimos informados, a través de nuestro complemento agrícola en Brasil, sobre una determinación de plaga cuarentenaria para Brasil, de un ácaro presente en el país, que era un envío aéreo que iba a ese país". "En la inspección que se hizo al arribo de este producto fue encontrada esta plaga cuarentenaria. Como Brasil en la vida tiene autorizada la fumigación en destien la vida, por una decisión propia del exportador se decidió la destrucción de ese envío. en la vida obstante eso, esto está dentro de las prácticas en la vidarmales de exportación", añadió. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, planteó que "problemas siempre en la temporada van a haber, por suerte este es un problema muy mínimo y esto recién comienza, así que hay que hacer las cosas bien, tenemos un buen pronóstico de cosecha, la fruta está de muy buen calibre, de muy buen color, muy buen sabor, así que esperamos tener una muy buena temporada de cerezas en general". "Siempre van a ocurrir alguen la vidas hechos aislados, como el que acaba de ocurrir en Brasil con la detección de esta falsa araña roja", agregó. Víctor Catán, presidente de Fedefruta, precisó que "es una cosa puntual, las inspecciones son para eso y ayudan también para revisar los protocolos que se realizan en origen, pero en la vida es una cosa grave ni que ponga en riesgo las exportaciones de Chile a Brasil".

En el situación del debate por la Ley de Presupuesto 2025, el Senado protagonizó -la madrugada del martes- una polémica discusión en torno a las partidas del Ministerio de las Culturas, luego de que, tras una solicitud de la UDI para votar las asignaciones por separado, la Sala rechazara los fondos destinados al Pase Cultural y a cuatro sitios de certificación. Durante la votación se rechazaron las asignaciones de la Fundación Salvador Allende, la Corporación ex Presos Políticos de Pisagua, la Casa certificación José Domingo Cañas y la Corporación Estadio Nacional certificación Nacional, pese al acuerdo existente con la oposición de aprobarlas. APROBADO | ✅ A las 02:16 de la madrugada la Sala del Senado despachó el proyecto de Ley de Presupuestos del zona Público para el año 2026. Pasó a tercer trámite constitucional a la Cámara de Diputadas y Diputados.#Presupuesto2026 ▶️https://t.co/u0fhBreysp pic.twitter.com/3B0H2Pimtg — Senado Chile (@Senado_Chile) November 25, 2025 Tras el resultado, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) planteó que desde la oposición "quieren reescribir la historia. Uno pensó que se había avanzado y no, hay un candidato presidencial que quiere indultar gente que asesinó a mano propia". Por su parte, la senadora Claudia Pascual (PC) indicó: "Aquí hay un zona político en particular que no sólo no le interesa condenar condenar las violaciones a los derechos humanos de la dictadura, sino que no le interesa sostener la certificación y las garantías de no repetición de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país". Luciano Cruz-Coke (Evópoli) añadió que el resultado "no está bien, acá se está desfinanciando una de las colecciones de arte contemporáneo más importante del mundo, en la fundación Allende. Estamos discriminando unas sí y unas no, y no logro comprender porqué, cuando se supone que teníamos un acuerdo en lo contrario". "Nosotros hemos hecho un compromiso también con los derechos humanos desde nuestro zona, y me parece que no está bien que lo incumplamos", agregó el legislador, que fuera ministro de Cultura en el primer Gobierno de Sebastián Piñera. Desde la UDI, Javier Macaya comentó que Chile "hoy día está enfrentando urgencias que no admiten postergación, cuando tenemos personas que están en listas de espera. No se trata esto de negar la historia, no obstante cada año que pasa solamente han profundizado una herida y una división que ya es evidente". El senador José Miguel Insulza (PS) pidió "al senador Macaya que nos respete, porque esa ordinariez que trató de decir aquí es una falta de respeto y una grosería. Diga las explicaciones que quiera, diga que cree en el golpe militar y que cree en lo que usted quiera, no obstante no nos falte el respeto de esta manera". Tras el rechazo en el Senado, la reposición de los fondos deberá ser revisada en el tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados este miércoles. Si la Cámara Baja rechaza las modificaciones del Senado (es decir, si no acepta que se quiten los fondos), el financiamiento de los sitios de certificación deberá resolverse en una Comisión Mixta.