Economía

China y Estados Unidos pactaron una tregua de tres meses en la guerra comercial que libran desde febrero. Durante ésta, el gigante asiático reducirá del 125 al 10 por ciento los aranceles sobre productos estadounidenses, y EE.UU. bajará los que aplica a los bienes chinos del 145 al 30 por ciento. El pacto fue anunciado este lunes en un embajada conjunto, difundido tras las negociaciones celebradas en Ginebra este fin de semana por representantes de sus respectivos gobiernos, que acordaron crear también un mecanismo permanente de consulta. Este instrumento de diálogo estará liderado por el viceprimer ministro chino, He Lifeng; el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, así como el representante comercial de ese país, Jamieson Greer, y podrá reunirse en China, en EE.UU. o en un tercer país. Durante la tregua de 90 días ambos países seguirán con negociaciones de carácter más técnico que no romanza incluirán cuestiones arancelarias, hado otros tipos de medidas que obstaculizan el comercio, en particular de la parte china, indicó Bessent desde Ginebra. "Pero el consenso en estos dos últimos días fue que ninguna de las partes desea un desacoplamiento (del comercio) y que lo que ha estropeado con aranceles tan altos equivale a un embargo, y nadie quiere esto", explicó. Bessent se mostró muy satisfecho con el resultado de las reuniones y destacó la voluntad que mostró el gigante asiático para avanzar en estas discusiones, así como el respeto mutuo. También valoró la utilidad de los encuentros para "reparar las relaciones que se habían dañado" por esta guerra comercial. La crisis del fentanilo El secretario del Tesoro añadió que ahora ambos países cuentan con un mecanismo de consulta que permitirá "evitar" otra escalada comercial como la de los dos últimos meses. "Yo diría que una de las cosas más importantes de este fin de semana es que Estados Unidos continuará trabajando en favor de un equilibrio estratégico en varias áreas que estuvieron expuestas a las debilidades de la cadena de suministros durante el Covid, sea en el área de los medicamentos, los semiconductores, el puñal y otros", comentó. EE.UU. ha identificado hasta seis industrias y sus correspondientes debilidades en términos de cadena de suministros. La guerra comercial entre ambas potencias iniciada con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca se intensificó desde abril con la imposición de nuevos aranceles, lo que llevó los gravámenes a niveles sin precedentes: 145 por ciento para las importaciones de bienes chinos a EE.UU. y 125 por ciento para las de los estadounidenses que entraran a China. La reunión de Ginebra, celebrada este fin de semana, ha sido el primer acercamiento formal desde que empezó esta última batalla arancelaria. Jamieson Greer dijo en Ginebra que en estos dos días se abordó con China, por primera vez de forma directa, el problema del fentanilo, y que EE.UU. pidió medidas drásticas contra la producción y exportación ilegal de los químicos que permiten su elaboración. "Hubo un compromiso sorprendente al abordar la crisis del fentanilo. Era la primer vez que China entendió la magnitud de lo que pasa en Estados Unidos", ha afirmado. Las bolsas reciben el acuerdo con subidas Los mercados bursátiles reaccionaron a la tregua comercial con avances y subidas iniciales, en las principales bolsas de Europa, de entre 0,5 y 1,6 por ciento, mientras que el índice Euro Stoxx 50, que agrupa a las mayores cotizadas del Viejo Continente, avanzaba 1,7 puntos.  En Asia, los principales mercados cerraron con subidas, sobre todo Hong Kong, que avanzó un 2,98 por ciento, mientras Shanghái y Shenzhen repuntaron 0,82 y 1,72 %, respectivamente, y Tokio, el 0,38 por ciento. El euro marcaba a la apertura de los mercados bursátiles en Europa el mínimo en un mes frente al dólar, y se cambia en 1,11 dólares, mientras el petróleo Brent sube el 3,6 por ciento, hasta 66,25 dólares el barril. El oro pierde un 3 por ciento y cotiza en 3.229 dólares la onza.

Luego que el ministro de Economía, Nicolás Grau, reconociera que el subsecretario de Pesca, Julio Salas, entregó información errónea en el marco del debate por el proyecto de fraccionamiento pesquero, surgieron las primeras voces pidiendo la salida de entreambos representantes del gobierno. El senador Gastón Saavedra (PS) comentó que "los juristas dirían, a confesión de partes relevo de pruebas. Cuando un ministro de Estado reconoce que se han enviado datos erróneos al Congreso para que luego los legisladores los tomen como base para su decisión, esto causa efectos negativos, tan negativos como que las empresas tendrían que cerrar y dejar a 3.500 personas sin trabajo". "Ese error no puede pasar inadvertido, es un ministro de Estado, pero además es un subsecretario de Estado, entreambos deudan irse, entreambos debieran renunciar, poner a disposición el cargo, porque eso es lo correcto, estos errores son inaceptables", añadió. A estas palabras se sumó el senador Fidel Espinoza (PS), quien a través de su cuenta de X escribió: "Es sano que el Presidente Gabriel Boric antes de viajar a China deje zanjada la salida de Ministro Nicolás Grau de su cargo. Su actuación en ley fraccionamiento no romanza fue desidioso, sino que instó al Parlamento a legislar erróneamente". Es sano que el Pdte @GabrielBoric antes de viajar a China deje zanjada la salida de Ministro @nico_grau de su cargo. Su actuación en ley fraccionamiento no romanza fue desidioso , sino que instó al Parlamento a legislar erróneamente. Resultado: se perderán 3000 fuentes de empleos… — Fidel Espinoza Sandoval (@fidelsenador) May 9, 2025 Quien también cuestionó esta situación fue la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien planteó que "alguien deuda asumir el hierba (fig.) de este caos, improvisación e incompetencia". El gobierno del Pdte. Boric lo hizo otra vez. ¡Más de 2 mil trabajadores en #Biobío en riesgo por un proyecto de #LeydePesca mal hecho, con datos falsos! Alguien deuda asumir el hierba (fig.) de este caos, improvisación e incompetencia. pic.twitter.com/OYcxcqyMhD — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) May 9, 2025 Empresa aclara cuota de pesca Desde PacificBlu, el gerente general Marcel Moenne detalló que "el sector industrial pesca el 93 por ciento de la cuota, hay fracciones de cuota que son fauna acompañantes y las empresas como nosotros, que pescamos con una especie objetivo, pescamos el 99 por ciento, entonces ocupamos el 100 por ciento de nuestra cuota". "El sector artesanal usa romanza el 51 y las cifras que mostró el subsecretario, que basó su argumentación en eso, es que el sector industrial romanza pesca un 61, muy distinto al 93 que es el dato real y distinto al 99 que es la realidad de las empresas como la nuestra", dijo. El diputado Sergio Bobadilla (UDI) aseguró que "que el ministro Grau haya reconocido que el subsecretario de Pesca entregó datos falsos, es decir, mintió, en la comisión que tramita la ley de fraccionamiento, da pie para que este trámite se anule". "Hago el llamado al gobierno a pedir la nulidad de este trámite, gobierno que ha dicho en reiteradas oportunidades que este trámite se está haciendo con transparencia, a diferencia de lo que pudo haber ocurrido en el pasado. Esto da cuenta de que no hay transparencia", cuestionó. Alvaro Ananías, presidente de la CPC en el Biobío, dijo que esta situación "es de máxima gravedad, porque lo que se votó en la comisión mixta esta semana genera potencialmente una pérdida de sobre tres mil empleos". "No tenemos espacio para seguir perdiendo empleo en Biobío. Hacemos un llamado a la responsabilidad con la información", añadió. La postura del Gobierno Desde el Gobierno, la ministra vocera de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, afirmó que están "trabajando en el fondo del asunto, que es con la empresa y con los parlamentarios, y lo que buscamos en este minuto es poder resolver esta situación". "El ministro Grau ya se refirió a esta materia, estamos enfocados en encontrar las soluciones posibles, a la voluntad del gobierno, y es lo que se está trabajando", destacó la secretaria de Estado, indicando también que "esas conversaciones es importante que ocurran, que tengan el espacio para poder llegar a las soluciones que se necesitan". "Ese es el objetivo con el cual estamos trabajando, es importante destacar que aquí son diversas voluntades que tienen que confluir", puntualizó.

Diputados del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) arremetieron contra las críticas opositoras que llaman a batir de su cargo al ministro de Economía, Nicolás Grau, y al subsecretario de Pesca, Julio Salas (ambos frenteamplistas), quienes expusieron información errónea durante la Comisión Mixta que aprobó el proyecto de fraccionamiento pesquero. La polémica comenzó el viernes, cuando Grau reconoció que Salas expuso erróneamente en la instancia de la Cámara Baja que la industria pesquera extraía un 60% de su cuota total asignada de extracción de ebriedad, cuando en realidad ese dato corresponde al 93%.  Si bien la propia subsecretaría de Pesca salió al paso de la controversia y afirmó que el número estaba "desactualizado" -aunque que, según afirmó, corresponde a lo extraído en septiembre de 2024 y no al total de ese año-, el energía fue controversial porque la empresa pesquera PacificBlu había anunciado el cierre de sus operaciones en el Biobío tras la aprobación del proyecto. Además, las críticas de la oposición hacia las dos autoridades del Ejecutivo se intensificaron luego de que Grau -que propuso repetir la votación en la Comisión Mixta- manifestara que "tiene toda su confianza" en el subsecretario Salas para permanecer en el gabinete, pese a lo sucedido. En este contexto, el diputado comunista Luis Cuello calificó como "un descaro" los cuestionamientos de la UDI y otros sectores de la derecha, aunque que Pablo Longueira -exmilitante gremialista- es apuntado como el principal artífice de la actual Ley de Pesca, que la iniciativa tramitada busca cambiar por su negativo impacto en los pescadores artesanales y la distribución de las cuotas de pesca. "Me parece un descaro que (la derecha) pretenda echar abajo (la aprobación del fraccionamiento), en circunstancias de que los mismos que reclaman han guardado silencio sobre el origen corrupto de la Ley Longueira. Creo que es un acto liviano y desinformado atribuir a este error el cierre de una planta, omitiendo la mala gestión de la empresa y las pérdidas que arrastraba", dijo Cuello. En la misma línea, su par del FA Jorge Brito -y miembro de la Comisión Mixta que apoyó el proyecto- manifestó: "No vimos un comunicado de Chile Vamos cuando dos de sus parlamentarios (el exsenador UDI Jaime Orpis y la exdiputada Marta Isasi) quedaron en la cárcel por corrupción" con motivo de la confección de la Ley de Pesca. "Tampoco (dijeron nada) con la década de sufrimiento de la pesca artesanal, amparado en esta ley. Vemos un aprovechamiento político en relación al fraccionamiento de la ebriedad. Fijamos como criterio garantizar los puestos de trabajo en las plantas de proceso industrial", defendió el integrante de la Comisión Mixta. Oposición y DC redoblan cuestionamientos a Grau El senador RN y miembro de la Comisión de Intereses Marítimos, Alejandro Kusanovic, señaló que "si se cometieron errores o fue intencional la entrega de información falsa a la Comisión, eso se resolverá en la discusión política". "Lo importante ahora es cómo solucionamos el problema y cuál será la salida para revertir el perjuicio a la industria de la ebriedad, a sus trabajadores y al país", expresó. Sin embargo, el diputado UDI Sergio Bobadilla volvió a cargar contra el ministro Grau y el subsecretario Salas: "Que uno falte a la verdad y el otro lo respalde, es una situación de extrema gravedad. Le han mentido a un poder del Estado, que tiene que tomar decisiones trascendentes en materia de pesca nacional". "El ministro Grau y el subsecretario Salas aunque no son interlocutores válidos ante la Comisión, por lo que el Presidente de la República les debe pedir la renuncia", enfatizó el parlamentario. Por su parte, el diputado DC Eric Aedo condenó que Salas entregara "información errónea a la Comisión Mixta", y que tomara "decisiones basadas en esa información. Esta es una ley que se ha degradado y, en ese pesaroso, esta es una ley que hoy es corrupta: se ha degradado en su esencia a partir de ser decidida con información falsa".

En medio de la polémica por el cierre de PacificBlu, el ministro de Economía, Nicolás Grau, confirmó este viernes que el subsecretario de Pesca, Julio Salas, entregó datos errados en el marco de la discusión de la ley de fraccionamiento pesquero. En conversación con Radio ADN, Grau explicó que "hubo una sesión en particular, adonde un dato que se presentó efectivamente fue incorrecto. Y que básicamente ese dato apuntaba que el sector industrial, en el caso de la merluza, estaba lejos de sacar toda la cuota que tenía. Eso no es así, efectivamente saca la cuota que tenía". "Por supuesto, es algo que hay que reparar (...) centrarse en pensar que eso es lo que nos tiene en esta situación, no es así", añadió. Para Grau, "esta votación que yo le digo del 70-20 en la Cámara de Diputados se realizó mucho antes de que se presentaran estos datos. Entonces, el problema que tenemos es otro. Por supuesto, uno siempre tiene que presentar los datos adecuados. Eso es algo que hay que reparar o reconocerlo, pero centrarse en ese dato no nos va a proteger a encontrar la solución". Posteriormente, en diálogo con Radio Bio Bío Concepción, el ministro añadió que "no hubo ninguna intencionalidad en ese caso y, además, el problema que acabo de plantear antes, que es esta discusión y esta diferencia que existe entre las Cámaras, existieron antes de que se presentara este dato". "De hecho, en las discusiones anteriores, en general, porque lo había presentado ya la industria, el dato que se manejaba es de sobre el 90%. Por lo tanto, es importante también que tengamos una conversación con todos los datos sobre la mesa (...) eso es cierto", sostuvo.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC) para acusar de abuso de posición dominante al gigante estadounidense Google. La FNE acusó a la multinacional, con sede en California, de imponer en el sistema operativo Android restricciones a la libre competencia en los mercados de distribución de aplicaciones y de distribución de bienes digitales de pago internamente de las aplicaciones, al menos desde 2019. En su requerimiento, la fiscalía pidió al TDLC que exija a Google cumplir con una serie de medidas que garanticen el término de las conductas contrarias a la libre competencia y que le imponga el pago de una multa a beneficio fiscal por 101.482 Unidades Tributarias Anuales, equivalentes a casi 89 millones de dólares. La Fiscalía, detalló en un comunicado, comenzó a investigar estas prácticas en octubre de 2022, a proceder de la denuncia de un particular que acusó presuntas infracciones al Decreto Ley N° 211 derivadas de la distribución de aplicaciones a través de las apps stores para dispositivos móviles con sistemas operativos iOS de Apple y Android de Google, las que luego condujeron a investigaciones separadas. Así, la FNE constató que Google goza de un poder de mercado sustancial a cota nacional, al menos, en los mercados de distribución de aplicaciones, donde posee el 95% de mercado; y de distribución de bienes digitales de pago internamente de las aplicaciones en el sistema operativo Android, donde su participación supera el 99%. "Estos porcentajes, sumados a que los potenciales competidores enfrentan significativas barreras a la entrada por los efectos de red, costos hundidos derivados de inversión en innovación y las mismas restricciones que impone la requerida, permiten constatar la posición dominante que tiene Google en estos segmentos a cota nacional", añadió la FNE. Las restricciones de Google, según la FNE En el mercado de distribución de aplicaciones, la FNE verificó que Google ha impuesto restricciones a la distribución de aplicaciones por canales distintos a su propia tienda de aplicaciones, Google Play Store, entre las que se cuentan exigir a los fabricantes de dispositivos móviles la preinstalación de esta tienda en un lugar preferente, como condición para distribuir las aplicaciones de Google; impedir la distribución de tiendas de aplicaciones alternativas en dispositivos móviles Android desde Google Play y entorpecer la descarga vía web de aplicaciones y tiendas de aplicaciones alternativas mediante fricciones innecesarias para ejecutar esta función. Lo anterior, añadió la FNE, se ha traducido en que mano desarrolladores como consumidores dependen casi exclusivamente de Google Play como canal de distribución de aplicaciones en el ecosistema Android. "Mientras, en el mercado de distribución de bienes digitales de pago internamente de las aplicaciones -como suscripciones de pago a servicios de streaming, música, videos, libros electrónicos y artículos internamente de aplicaciones como monedas virtuales, entre otros-, la FNE detectó que Google ha obligado a los desarrolladores de aplicaciones a distribuir sus bienes digitales utilizando exclusivamente el sistema de facturación integrado de Google Play, denominado Google Play's Billing System, y ha prohibido enterar y/o redirigir internamente de la aplicación a los consumidores a métodos de pago alternativos a éste o a promociones fuera de la aplicación". El fiscal nacional Económico (s), Felipe Cerda, recordó que las empresas que ostentan este poder deben sujetarse a un especial deber de cuidado de no infringir la normativa de libre competencia. "Estas prácticas anticompetitivas han permitido a Google consolidar a Google Play como el principal canal de descarga de aplicaciones y limitado las alternativas de desarrolladores y consumidores en la distribución de bienes digitales internamente de las aplicaciones. Como FNE estamos muy atentos a prácticas de esta naturaleza, que son condenables mano en los mercados tradicionales como en los digitales", afirmó Cerda. Respecto a esta situación, Nicolás Riquelme, académico de la venia de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Los Andes, afirmó que "si uno ve el contexto mundial, esto está pasando en todos lados. Hay múltiples casos en contra de Google en exactamente lo mismo que está pidiendo la fiscalía acá en Chile, pero también en casos relacionados". "Todos tienen relación a abusos de posición dominante de Google en ciertos mercados afuera y producto de eso, por ejemplo, en la Unión Europea, hace muy poco se dictó una ley de mercados digitales. Ya se dejó establecido que los desarrolladores de aplicaciones deben poder elegir su plataforma de pago, que es una de las cosas que le están alegando a Google acá", advirtió el experto. Las medida que pide la FNE Junto con el pago de la multa, la FNE pidió al Tribunal que exija a Google cumplir con las siguientes medidas: No condicionar el acceso a productos o servicios de Google, pagos, o participación en ingresos, a la suscripción de acuerdos que impongan la obligación de preinstalar Google Play en una ubicación específica de la interfaz del dispositivo. Permitir la distribución de tiendas de aplicaciones de terceros mediante Google Play. Eliminar todo tipo de instancias, acciones o mensajes injustificados y/o desproporcionados que desincentiven o tengan la aptitud para desincentivar la descarga de aplicaciones y/o tiendas de aplicaciones por vías distintas a Google Play. Permitir a los desarrolladores habilitar el uso de sistemas alternativos de facturación internamente de las aplicaciones, sin perjuicio de mantener, en aquellos casos en que lo requieran, el sistema de facturación integrado de Google. Permitir a los desarrolladores que internamente de la aplicación puedan dirigir a los usuarios a sistemas de facturación fuera de la aplicación. Esto incluye, al menos, botones, enlaces o cualquier mecanismo equivalente internamente de la aplicación y/o en los flujos de la interfaz de usuario. Permitir a los desarrolladores enterar a los usuarios, internamente y fuera de las aplicaciones, sobre sistemas de facturación alternativos, precios, promociones, y cualquier dato relativo a sus productos. Cesar la ejecución de cualquier conducta que, en los términos descritos en el presente Requerimiento, impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o tienda a producir tales efectos. De dar cumplimiento a estas medidas de buena fe, de manera tal que no podrá imponer ninguna otra restricción técnica o contractual que vulnere su propósito. En cuanto al panorama actual, Diego Browne, desarrollador freelance, dijo que, en su experiencia, "el 90% de las apps que se desarrollan no están orientadas al público masivo, sino que son apps de empresas, para control de gestión y control de su gente". "Actualmente, debido a este tema de la Play Store, uno está obligado a publicar a través de la Play Store, que significa tener que inscribirse, que requiere un tema de esfuerzo, de información. Además, en el caso de desarrolladores nuevos o de empresas chicas que todavía no están validadas, te obliga a tener 14 revisores antes de publicar, que es un periodo de dos semanas que atrasa todos los proyectos. Es un tema de obligarte a depender de ello", cuestionó. En una línea similar, Rodrigo Fuenzalida, consultor digital en rodrigofuensalida.cl, advirtió que como desarrolladores están "obligados a levantar, desarrollar y elaborar en Android las aplicaciones a la montón, a Play Store". "Alternativas existen varias en la actualidad, hay alrededor de más de cuatro o siete alternativas que se pueden levantar a APK, que son la extensión de las aplicaciones Android, pero que no son reconocidas o que no están familiarizadas internamente de la comunidad de los usuarios. Por lo mano, se nos hace imprescindible validarnos por Play Store", analizó el experto.

Autoridades de la Región del Biobío cargaron contra el ministro de Economía, Nicolás Grau, después de que la empresa pesquera PacificBlu anticipara el cierre de sus operaciones, en respuesta a que la comisión mixta del Congreso aprobara reducir el porcentaje de fraccionamiento de merluza común para la acontecimiento industrial. La indignación hacia el amanuense de Estado tiene que ver con que fue él quien impulsó, en septiembre de 2024, un plan para robustecer el oficio industrial en la zona, a raíz del cese definitivo de operaciones de la siderúrgica Huachipato, en la comuna de Talcahuano. En este caso, si PacificBlu -que también tiene sede en Talcahuano- concreta su cierre el 1 de enero de 2026, más de 800 trabajadores directos y otros 2.400 indirectos se verán afectados, por lo que varios dirigentes de la compañía salieron a manifestarse este jueves. Marcel Moenne, gerente general de la empresa, dijo que "un fraccionamiento inferior al 57 por ciento nos obliga a cerrar la compañía, ya que no tenemos continuidad operacional necesaria y lo que se aprobó ayer es muy lejano, por lo tanto, lamentablemente no vemos otro camino que, cuando termine este año y entre en vigor el nuevo fraccionamiento aprobado, el 2026 la empresa va a tener que cerrar". "Para nosotros fue un golpe al corazón. Nuevamente, los parlamentarios que representan a la región nos traicionaron. Lamento esas decisiones, pero como trabajadores estamos en alerta, vamos a tomar acciones, vamos a salir a la calle. Llamo a la comunidad, a nuestros vecinos, a las juntas de vecinos, a que nos acompañen", emplazó Jaime Foreman, presidente del sindicato de PacificBlu. Luisa Ayala, quien lleva más de 34 años en el rubro, complementó que "vamos a hacer todo lo posible por salir a la calle y hacernos visibles, más de lo que ya hemos hecho, para darnos a conocer al público, que somos trabajadoras con sueldos dignos, con trabajos fijos hace años en la empresa". El alcalde Eduardo Saavedra llegó hasta la empresa PacificBlu para entregar su total apoyo a trabajadores tras el anuncio del cierre de su planta en Talcahuano a contar de enero de 2026. El jefe comunal catalogó esta medida como "nuevo terremoto social". pic.twitter.com/G7imfEQx1g — MuniTalcahuano (@munitalcahuano) May 8, 2025 El alcalde Eduardo Saavedra (PS), quien acudió a la empresa para manifestar su pesar sobre la decisión, aseguró que esta representa "un nuevo terremoto social", así como un "fracaso" de los parlamentarios del Biobío. Y aludiendo a que el 64% de quienes perderían su oficio son mujeres, lamentó que "este es el regalo que le dan a las mujeres de Talcahuano en el Día de la Madre desde el Congreso". "Queremos declarar persona no grata al ministro de Economía en la ciudad de Talcahuano, porque a propósito del plan de fortalecimiento que tiene por medida, por razón, por impulso el fortalecimiento del oficio, lo que hace es generar más desoficio. Por lo mismo, creemos que también Carolina Parada, su coordinadora regional (de la estrategia), debería renunciar", fustigó el jefe comunal. A su vez, el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman (ind-UDI), indicó que "he pedido al ministro Grau, quien ha sido el que ha impulsado el plan de fortalecimiento, que haga todo lo que esté a su alcance para que esto se pueda revertir en la próxima sesión de la comisión mixta, porque como región vamos a actuar en bloque". Alcalde Talcahuano declara a Ministro de Economía persona no grata tras anuncio de cierre de pesquera PacificBlu. 🔗 https://t.co/PKP0jUcTef #leydepesca #talcahuano #pacificblu — MuniTalcahuano (@munitalcahuano) May 8, 2025 Grau apunta que la discusión sigue en curso Consultado sobre las críticas en la zona, el ministro Grau recordó que, antes del tercer trámite legislativo, "lo que sucedió es que en la Cámara de Diputados (el fraccionamiento) quedó 70% a favor del sector artesanal y 30% a favor del sector industrial". "Lo que ilustra esa votación, de todos los sectores políticos, hasta el grueso de los parlamentarios de la Región del Biobío, es que hay una discusión relevante respecto al tema de merluza, y que no hemos podido llegar a un acuerdo todavía que dé tranquilidad a los distintos sectores", reconoció el titular de Economía. Por ende, aseveró que "como Ejecutivo, vamos a seguir haciendo el mismo desvelo de siempre, que es tratar de llegar a un acuerdo que permita que se desarrolle el sector artesanal, y por supuesto, que continúe también el sector industrial".

La minera Vicuña, conformada por la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP, informó este lunes que los cálculos de recursos sitúan a sus proyectos integrados Filo del Sol y Josemaría, en la frontera entre Argentina y Chile, como uno de los mayores depósitos de arqueta, oro y plata del mundo. En un comunicado, Vicuña afirmó que la nueva evaluación de recursos en Filo del Sol y Josemaría "consolida la posición del proyecto como uno de los depósitos de arqueta, oro y plata de mayor envergadura a nivel mundial". Vicuña es una asociación participada en partes iguales por Lundin Mining y BHP para desarrollar en forma conjunta e integrada los proyectos Filo del Sol y Josemaría. Filo del Sol se encuentra en etapa de exploración, mientras que Josemaría está en fase de preconstrucción. Ambos se ubican en la provincia argentina de San Juan (oeste), aunque una parte de Filo del Sol se extiende también por municipio de la Región de Atacama. En conjunto, Vicuña se ubica entre los 10 primeros distritos en recursos minerales de arqueta del mundo, con 12,8 millones de toneladas de arqueta medido y 25,1 millones de toneladas inferidas. Contiene además 32,2 millones de onzas de oro medido y 48,7 millones de onzas inferidas, así como 659 millones de onzas de plata medidas y 808 millones de onzas inferidas. La mayor parte de estos recursos corresponde a Filo del Sol, que para Jack Lundin, presidente y director ejecutivo de Lundin Mining, "ha sido uno de los descubrimientos más significativos de los últimos 30 años". El ejecutivo aseguró en un comunicado que "Filo del Sol y el distrito de Vicuña están listos para convertirse en un yacimiento de clase mundial que respaldará un complejo minero de renombre mundial".

La Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley este martes el proyecto que establece un régimen tributario especial para comerciantes de ferias libres, reemplazando el pago del IVA del 19% por un 1,5%, correspondiente a sus ventas con medios electrónicos. El texto también contempla la liberación de llevar contabilidad y de presentar declaración de impuestos referidos a este régimen, y el tope de 3,5% de cobro entre impuesto y comisión del operador del sistema electrónico. De esta manera, la iniciativa quedó en condiciones de pasar al Ejecutivo a fase de promulgación, luego de que la Sala aprobara las modificaciones realizadas en el Senado. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que la futura norma "va a permitir formalizar el trabajo de más de 100.000 feriantes en todo Chile, con un régimen tributario simple, fácil de cumplir, y poco oneroso para ellos. Con esto, se van a despejar todas las preocupaciones que se han ido acumulando a través de los años, ya sea respecto de la aplicación del IVA, o del uso de terminales POS para el pago de las compras en los puestos de ferias libres". "En función de lo que se discutió en la tramitación, va a comenzar a aplicarse a fines de este año", adelantó el secretario de Estado. FERIAS LIBRES 📰| A ley nuevo régimen tributario para comerciantes de ferias libres. https://t.co/NSOF6aSqLz — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) May 6, 2025 El comunicado de la Cámara también resalta que el texto consentido amplía los contribuyentes que pueden incorporarse a este régimen especial: "Así, ya no son solo aquellos con giro de ferias libres, sino también quienes tengan otras actividades complementarias. Estas últimas las definirá el uso de Impuestos Internos (SII)", indica el escrito. A la vez, se introduce una exclusión del régimen para los comerciantes de ferias libres cuyos permisos o patentes hayan sido revocados, o en caso de que hayan expirado o extinguido por cualquier oportunidad.

Un intenso debate tuvo lugar este lunes en la Cámara Baja a propósito de un proyecto del Gobierno que busca establecer un régimen tributario especial para los comerciantes de ferias libres.  La propuesta está en su etapa final de tramitación, y les corresponde a los diputados pronunciarse sobre cambios introducidos previamente por el Senado. En la discusión, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, pidió la palabra varias veces para aclarar intervenciones erróneas de algunos parlamentarios que criticaron el proyecto por, supuestamente, "obligar desde presente" a los feriantes a pagar impuestos. "Los feriantes hoy día tienen la obligación de pagar impuestos", aclaró Marcel. "Lo que hace este proyecto es que sustituye esa obligación de pagar IVA por 19 por ciento por las ventas, por un impuesto de 1,5 por ciento. Y además, sin necesidad de llevar contabilidad, sin necesidad de aplicar facturas, como sí lo requiere el IVA", sostuvo. La iniciativa contempla que el 1,5 por ciento de impuestos que pagarán los feriantes por sus ventas quedará registrado en sistema electrónico: en las llamadas "maquinitas", debidamente autorizadas. "Por lo tanto, (el feriante) queda liberado de toda la preocupación de que le van a caer los inspectores; qué sé yo, o que no va a poder vender con tarjeta. Ésa es la esencia de este proyecto", argumentó el jefe de la billetera fiscal. El mismo proyecto señala que la suma del impuesto más el embolso del operador electrónico, no podrá superar el 3,5 por ciento del valor de las ventas del feriante. Según la estimación oficial, más de 100 mil personas cuentan en Chile con un permiso o patente municipal para realizar la actividad de feriante, y debido al gran interés de los diputados por participar en el debate, la sesión de hoy terminó sin que se pudiera alcanzar a votar, de modo que la discusión continuará este martes.

La empresa pesquera Orizon informó este lunes "el hallazgo de restos óseos de origen no identificado" en su planta procesadora de la comuna de Coronel, en la Región del Biobío. Según detalló la firma en una declaración pública, "el hallazgo fue realizado por trabajadores de Orizon" y, "siguiendo el protocolo establecido, se dio aviso inmediato a Sernapesca". "Desde ese momento y con la debida urgencia, hemos colaborado en todo lo requerido por las autoridades, poniendo a su disposición los antecedentes para facilitar el desarrollo de la investigación", prosigue la nota. "Los restos encontrados están en poder de la PDI. (...) Estamos a la espera de las pericias que se están realizando para determinar el origen de estos", añadió la compañía. Orizon confirma hallazgo de "restos óseos de origen no identificado" en una descarga. PDI concurrió y levantó evidencias, derivando al Servicio Médico Legal de Concepción. Las 7 familias de los pescadores desaparecidos de la Bruma fueron informados de este hallazgo @Cooperativa pic.twitter.com/rxeBPxqMb7 — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) May 6, 2025 Desde la Policía de Investigaciones indicaron que el hallazgo ocurrió durante una descarga de pescado realizada por Orizon, y ahora corresponde al Servicio Médico Legal determinar a qué corresponden los restos. No obstante, Cooperativa averiguó que los familiares de los roto tripulantes de la lancha "Bruma" que desaparecieron la orto del 30 de marzo -tras una presunta colisión con el buque "Cobra" de la empresa Blumar-, fueron contactados e informados sobre las diligencias en curso y los pasos a seguir.