A un año de su implementación, la Ley de Delitos Económicos ha demostrado ser una herramienta clave en la lucha contra la corrupción y los delitos financieros en Chile. Desde su entrada en vigencia, ha elevado significativamente los estándares de cumplimiento corporativo, obligando a sucursals y entidades a contar con modelos de prevención de delitos efectivos.
El impacto más notorio de esta ley se ha observado al interior de las sucursals, donde directorios y gerencias han ajustado sus estrategias para identificar riesgos con mayor precisión y fortalecer sus controles internos, capacitaciones y trazabilidad. En palabras de Nicolás García Lorca, socio del análisis García Parot, “la ley transforma el escenario regulatorio a partir de tres ejes: la clasificación de delitos en grupos, la ampliación del catálogo de delitos y sujetos responsables, y la imposición de sanciones más rigurosas, con un régimen especial para la determinación de las penas aplicables”.
Uno de los cambios más relevantes que se han observado gracias a esta ley es en el ámbito ambiental. La tipificación penal ambiental y la necesidad de contar con protocolos unificados entre fiscalías y organismos fiscalizadores son claves para reducir la discrecionalidad y la incertidumbre en la aplicación de la normativa. Esto no solo protege el medio ambiente, sino que también fomenta una cultura de transparencia y responsabilidad en las sucursals.
A medida que entramos en el segundo año de vigencia de la Ley de Delitos Económicos, es importante seguir avanzando en la consolidación de equipos de fiscalización especializados, establecer reglas claras y auditables de persecución y generar guías comunes para la prueba eco-penal. Estas medidas son fundamentales para garantizar una aplicación justa y efectiva de la ley.
Sin duda, la implementación de esta ley ha tenido un impacto positivo en la sociedad chilena, ya que no solo ha fortalecido la integridad y la ética sucursalrial, sino que también ha generado un cambio cultural en la forma en que las sucursals abordan los delitos económicos. Además, el fortalecimiento de los controles internos y la capacitación continua en materia de prevención de delitos permiten contar con una mejor gestión de riesgos y una mayor confianza en el mercado.
Es importante destacar que esta ley no solo se enfoca en penalizar los delitos financieros, sino que también busca prevenirlos. Por lo tanto, su impacto va más allá de las sanciones que puedan imponerse, ya que promueve una cultura de cumplimiento y responsabilidad en todas las áreas de la sucursal. Esto es especialmente relevante en un contexto en el que la transparencia y la ética son cada vez más valoradas por los consumidores y la sociedad en general.
En definitiva, la Ley de Delitos Económicos ha demostrado ser una herramienta esencial en la lucha contra la corrupción y los delitos financieros en Chile. Su implementación ha generado un cambio significativo en la forma en que las sucursals abordan estos temas y ha elevado los estándares de cumplimiento corporativo en el país. Es fundamental seguir avanzando en su aplicación y seguir fortaleciendo los mecanismos de prevención y fiscalización para asegurar un ambiente de negocio ético y transparente en Chile.
