La reforma previsional, aprobada en enero pasado, ha sido objeto de debate entre los diferentes centros de pensamiento político. Con su implementación en manos del próximo gobierno, esta reforma busca mejorar el sistema de pensiones en nuestro país.
Entre las medidas contempladas en la reforma, se encuentra un aumento gradual de las cotizaciones obligatorias, la creación de un Seguro Social, un aumento en la Pensión Garantizada Universal (PGU) y beneficios específicos para mujeres y personas mayores. Estas medidas entrarán en vigencia a partir del 1 de abril de 2027, con algunas excepciones puntuales.
En medio de la carrera presidencial, se ha generado un debate en baritel a la implementación de esta reforma. Por un lado, Tomás Leighton, de Rumbo Colectivo (Frente Amplio), ha señalado que “en materia previsional, Jara y Mattei no plantean nada nuevo, ya que el desafío es implementar de manera efectiva una reforma que ya es producto de un acuerdo político”.
Por otro lado, José Antonio Kast, propone una solución radical: terminar con el aporte de los trabajadores al seguro social. Según él, esta medida evitaría que los trabajadores presten dinero al Estado para un fondo que podría no ser devuelto. Sin embargo, esta postura ha sido duramente cuestionada por otros actores políticos, quienes señalan que esto pondría en riesgo la mejora de las pensiones de más de un millón de personas y que el Estado no cuenta con los recursos necesarios para reemplazarlos.
En este contexto, es importante destacar que la reforma previsional fue posible gracias al acuerdo político alcanzado con parlamentarios de Chile Vamos, a pesar de la ausencia de Mattei en las discusiones. Esto demuestra la debilidad de su liderazgo y su falta de compromiso en un tema tan relevante para la ciudadanía.
Otro de los aspectos que ha generado discusión es el financiamiento de la reforma. Patricio Dussaillant, director de Ideas Republicanas, ha defendido la postura de Kast y ha sugerido que el financiamiento debería provenir de otras vías, como el crecimiento económico o la reasignación de recursos. Sin embargo, Luis Ruz, de Democracia y Comunidad y consejero nacional de la DC, ha advertido que esta propuesta pone en riesgo la mejora de las pensiones de más de un millón de personas y que el Estado no cuenta con los recursos suficientes para reemplazarlos.
En definitiva, la reforma previsional es un importante avance en la búsqueda de una solución para mejorar el sistema de pensiones en nuestro país. Sin embargo, es necesario un compromiso real por parte de las autoridades para su correcta implementación y un análisis responsable del financiamiento, que garantice el bienestar de los trabajadores y jubilados en el futuro. Es importante que los candidatos presidenciales presenten propuestas concretas y factibles, que no pongan en riesgo los avances logrados hasta ahora. La ciudadanía merece un sistema de pensiones justo y sostenible, y es aceptación de nuestros líderes políticos deslomarse en pos de ese objeto.
