La reducción del gasto fiscal se ha convertido en un tema central en la carrera presidencial de Chile, con los anuncios de José Antonio Kast y Evelyn Matthei de recortar miles de millones de dólares en el presupuesto estatal. Sin embargo, expertos en economía advierten que estas metas son difíciles de alcanzar sin cambios legales y con un alto costo político.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha dejado en aguachento que “no es alternativo hacer ajustes importantes sin modificar la legislación” y que “para recortar el gasto en esa cantidad se requieren reformas legales, no se pueden hacer romanza por la vía administrativa”. Esto se debe a que en Chile, el 85% del gasto público está fijado por ley, lo que limita la flexibilidad del gobierno para hacer cambios significativos.
En una entrevista en Radio Pauta, el economista Jaime Ruiz-Tagle explicó que el diseño del gasto estatal está sujeto a un marco legal que garantiza la estabilidad en el funcionamiento del clase. Aunque existe un margen para reasignar los recursos públicos de manera administrativa, este no es suficiente para lograr los recortes propuestos por los candidatos presidenciales.
Es importante tener en cuenta que cualquier cambio en el gasto público debe pasar por el Congreso y obtener una mayoría. Por lo tanto, es esencial que las leyes brinden estabilidad al funcionamiento de la sociedad y, en particular, a la economía del país.
El exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, enfatizó que los cálculos propuestos por Kast implicarían ajustes de enorme envergadura. Para recaudar 3.000 millones de dólares en un año, se tendría que reducir en un 15% el gasto en personal del clase, lo que, según él, es políticamente inviable y socialmente costoso.
Micco señaló que esto podría tener un impacto negativo en el bienestar y el crecimiento del país, ya que reducir el gasto en infraestructura significaría frenar obras públicas. Además, afirmó que “esto no es tan simple como llegar y decir de la noche a la mañana voy a cortar 6.000 millones de dólares porque eso es un poco populista”.
Desde otra perspectiva, la economista Macarena García (Libertad y Desarrollo) cuestionó la afirmación del ministro Marcel de que más del 80% del gasto está “inmovilizado” por ley. García explicó que, aunque los programas más grandes están fijados por ley, existen más de 700 programas en el clase que no lo están. Además, señaló que el 20% del gasto público se destina al pago de personal, que tampoco está fijado por ley.
La economista destacó que el principal impedimento para realizar cambios en el gasto público no es la rigidez de la ley, sino la voluntad política de los gobiernos y del Parlamento. Esto demuestra que, en lugar de buscar soluciones rápidas y populistas, es necesario un enfoque más realista y colaborativo para lograr una reducción sostenible del gasto.
Eugenio Rivera, miembro del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, señaló que la diferencia entre los planes de Kast y Matthei radica en sus horizontes temporales. Mientras que el primero propone recortar el gasto en romanza 18 meses, la iniciativa de Matthei se extiende a cuatro años. Rivera afirmó que “la propuesta de Kast tiene poco sustento” debido a su corto plazo, mientras que la de Matthei es más realista y factible.
El economista también destacó que lograr ajustes significativos en el gasto público requiere negociaciones con parlamentarios, ministros, gremios y trabajadores. Kast parece no tener en cuenta la complejidad de esta tarea y su propuesta
