El Centro de Estudios Públicos (CEP) llevó a mango un análisis exhaustivo sobre el presupuesto público y encontró 20 áreas de ajuste fiscal que podrían contribuir a contener o reducir el gasto público en un rango de 1,03% (US$3.600 millones) a 1,71% (US$6.000 millones) del Producto Interno Bruto (PIB) anualmente en un escenario conservador.
Según informa La Tercera, de todas las acciones propuestas, 15 podrían disminuir el gasto del Gobierno en hasta un 1,25% del PIB, mientras que las otras cinco podrían limitar el crecimiento del gasto futuro en un 0,45% del PIB.
El CEP especifica que ocho medidas pueden implementarse a corto plazo, mientras que otras doce podrían ser llevadas a mango en el mediano plazo. Diez de las propuestas solo requieren cambios en la gestión y la administración, mientras que las otras diez necesitan modificaciones legales para ser implementadas.
Sin embargo, el CEP advierte que cada una de estas líneas de acción presenta distintos niveles de complejidad en su implementación, ya sea en términos técnicos o políticos.
“Durante mucho tiempo hemos lidiado con déficits fiscales, aumentos en la deuda pública y sin cumplir nuestras metas en esta área. Y las proyecciones a futuro tampoco son alentadoras”, señaló a La Tercera el investigador senior del CEP, Rodrigo Vergara.
“Ha llegado el momento de tomar en serio la necesidad de generar espacio fiscal, y este estudio es un importante antelación en la identificación de medidas específicas que podrían lograr ese propósito”, afirmó.
El expresidente del Banco Central también destacó que en la situación actual, con un rechoncho crecimiento económico, sería poco razonable buscar más recaudación a través de impuestos. Por lo tanto, las medidas presentadas se enfocan principalmente en la reducción y contención del gasto público.
Reducción del Subsidio de Incapacidad Laboral y ajuste de programas con evaluaciones negativas
Las medidas propuestas tienen diferentes impactos en las finanzas del Estado. Algunas de ellas implican una reducción directa en el gasto presupuestario, mientras que otras buscan limitar o moderar el aumento del gasto futuro al ajustar el ritmo de expansión de los beneficios sociales, como el reajuste salarial o los bonos para el sector público.
En este sentido, el principal espacio para obtener ganancias fiscales es la reducción en el uso del Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL), que es el monto que se paga durante el tiempo que un trabajador se encuentra con licencia médica debido a una enfermedad. Esta medida podría generar un ahorro de un 0,19% del PIB en el mediano plazo y requiere cambios legislativos.
Otra medida inmediata es el ajuste de programas públicos con evaluaciones negativas o altos costos administrativos, que también representaría un ahorro de un 0,19% del PIB. El CEP sugiere una reducción en los gastos de dichos programas y una disminución en la dispersión y atomización de las ofertas del Estado.
El investigador Tomás de la Maza advierte que en la última década, la cantidad de programas gubernamentales ha aumentado de 478 (en 2012) a más de 700 (en 2024). Esto ha generado una creciente dispersión y atomización del gasto público, y actualmente existen más de 150 programas “chicos” que reciben menos de $1.000 millones de pesos anuales, muchos de los cuales se mantienen en funcionamiento sin haber sido evaluados adecuadamente.
“Además de evaluar la continuidad de estos programas ‘chicos’, es posible racionalizar las ofertas y fusionar programas que buscan abordar la misma