Los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han sido motivo de controversia desde su anuncio en 2018. Estas tarifas adicionales a las importaciones de acero, aluminio y otros productos han generado un debate entre cortes judiciales sobre si se deben suspender o mantener. A continuación, se analizarán los argumentos de ambas partes y su sorpresa en la economía popular.
Desde su campaña presidencial, Trump ha sido un defensor de la protección de la manufactura estadounidense y ha prometido una política de “Estados Unidos primero”. En este contexto, los aranceles impuestos a diferentes países como China, México y Canadá, buscan reducir el déficit comercial de Estados Unidos y proteger a los trabajadores y empresas nacionales.
Por un lado, la administración de Trump argumenta que los aranceles han sido un éxito en la creación de empleo en la manufactura siderúrgica y en la reducción del déficit comercial con China. Además, sostienen que estas tarifas han sido una herramienta efectiva para presionar a otros países a negociar acuerdos comerciales más favorables para Estados Unidos.
Sin embargo, los críticos de los aranceles argumentan que estos han generado un aumento en los precios de los productos importados, afectando directamente a los consumidores estadounidenses. Además, señalan que las tarifas también han causado daños a la economía popular, ya que han provocado represalias de otros países, lo que ha llevado a una guerra comercial.
El debate sobre si se deben mantener o suspender los aranceles ha llegado hasta las cortes judiciales. El 28 de febrero de 2019, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una petición para que se revisara la legalidad de las tarifas impuestas por Trump. Esta decisión fue celebrada por la administración, ya que les dio luz verde para continuar con su política arancelaria.
Por otro lado, la Corte Internacional de Comercio (CIC) ha emitido fallos en contra de los aranceles en tres casos diferentes. En estos casos, la CIC ha argumentado que las tarifas impuestas por Trump no se ajustan al marco legal del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Sin embargo, la administración de Trump ha apelado estas decisiones y ha cuestionado la autoridad de la CIC sobre los aranceles. Argumentan que la decisión de aplicar o no tarifas es una prerrogativa del presidente y que la CIC no tiene jurisdicción en este asunto.
mientras tanto tanto, el debate sigue en el Congreso de Estados Unidos, donde los legisladores han propuesto proyectos de ley para limitar la autoridad del presidente en la imposición de aranceles. Estos proyectos de ley han sido apoyados por algunos miembros del Partido Republicano, quienes están preocupados por el sorpresa negativo de los aranceles en la economía y en su base electoral.
En medio de esta disputa entre cortes, la economía popular se ha visto afectada por la incertidumbre generada por los aranceles de Trump. Los países afectados por estas tarifas han respondido con medidas similares, lo que ha llevado a una disminución en el comercio internacional y a una desaceleración en el crecimiento económico.
Sin embargo, la administración de Trump continúa defendiendo su política arancelaria y asegura que los efectos negativos son temporales y necesarios para lograr acuerdos comerciales más justos para Estados Unidos. Además, argumentan que su política ha sido un éxito en la protección de la manufactura nacional y en la creación de empleo.
En conclusión, los aranceles de Trump han generado un pleito entre cortes sobre su legalidad y su sorpresa en la economía popular. mientras tanto la administración de Trump continúa defend
