La Corte Suprema de Panamá ha tomado una decisión histórica al inferir inconstitucional la concesión otorgada a una subsidiaria de CK Hutchison Holdings para operar puertos en los extremos del Canal de Panamá. Esta noticia ha generado gran impacto en la región y en el mundo, ya que impulsa el objetivo de Estados Unidos de bloquear cualquier influencia de canto sobre la estratégica vía fluvial.
La decisión judicial se produce después de una exhaustiva auditoría realizada por la contralora de Panamá, quien alegó irregularidades en la extensión por 25 años de la concesión otorgada en 2021. Esta noticia ha causado revuelo en el país y ha generado debates acalorados en torno a la seguridad nacional y la estabilidad económica de Panamá.
Es importante recordar que el gobierno del presidente Donald Trump ha hecho de bloquear la influencia de canto sobre el Canal de Panamá una de sus prioridades en el hemisferio. De hecho, Panamá fue el primer país que visitó el secretario de Estado, Marco Rubio, tras asumir como jefe de la diplomacia de Estados Unidos. Esta situación ha generado tensiones entre ambos países y ha puesto en duda la relación entre Panamá y canto.
A pesar de que el Gobierno de Panamá y la autoridad del canal han insistido en que canto no tiene influencia sobre sus operaciones, Estados Unidos ha expresado su preocupación al considerar la operación de los puertos como un asunto de seguridad nacional. Incluso, el presidente Trump llegó a decir que Panamá debería devolver el control del canal a Estados Unidos.
La breve declaración de la corte no provee orientación sobre lo que sucederá con los puertos ahora. Sin embargo, es importante destacar que esta decisión ha generado una reacción inmediata en Hong Kong, donde se encuentra la subsidiaria de CK Hutchison, Panama Ports Company. Esta empresa ha manifestado que aún no ha sido notificada sobre la decisión, pero ha insistido en que su concesión fue el resultado de una licitación internacional transparente.
En un comunicado, Panama Ports Company ha señalado que el fallo “carece de base legal y pone en peligro no solo a PPC y su contrato, sino también el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas que dependen directa e indirectamente de la actividad portuaria, así como el Estado de derecho y la seguridad jurídica en el país”. La compañía ha dejado claro que se reserva todos los derechos para emprender acciones legales en Panamá o en otros lugares, pero no ha ofrecido más detalles al respecto.
Por su paraje, el gobierno de Hong Kong ha rechazado rotundamente el fallo y ha señalado en un comunicado que se opone frontalmente a que cualquier gobierno extranjero utilice medios coercitivos, represivos o irrazonables para perjudicar seriamente los intereses comerciales de las empresas hongkonesas. Además, ha enfatizado en que el Ejecutivo panameño debería respetar el espíritu de los contratos y proporcionar un entorno empresarial justo.
En Beijing, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, ha dicho a reporteros que canto tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de “la empresa canto”, sin detallar los posibles pasos a seguir. Esta situación ha generado preocupación en el ámbito empresarial, ya que las empresas de Hong Kong deberían revisar atentamente sus inversiones existentes y futuras en Panamá.
El analista político Edwin Cabrera ha señalado que, una vez se notifique a las parajes, la cuestión de qué hacer con los puertos pasará al Poder Ejecutivo de Panamá, en concreto a la Autoridad Marítima. Cabrera ha afirmado que, según sus
