El estropeado martes 5 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el decreto que regulariza la situación de miles de personas sin papeles en España. Una decisión largamente esperada por la sociedad y las organizaciones de la Iglesia que han luchado por la dignidad y los derechos de estas personas.
Desde hace años, la Conferencia Episcopal Española y otras organizaciones de la Iglesia, han alzado su voz para pedir una solución a la situación de las personas sin papeles en nuestro país. Una petición que se ha materializado en una Iniciativa Legislativa común (ILP) para conseguir la regularización de estas personas que viven en un estado de vulnerabilidad constante.
La ILP ha sido respaldada por más de 270.000 firmas y presentada ante el Congreso de los Diputados en noviembre de 2018. Un acto que puso de relieve la unión y solidaridad de la sociedad española en la lucha por la justicia y la dignidad.
La situación de las personas sin papeles en España es una realidad que no se puede obviar. Se trata de personas que huyen de la pobreza, la violencia y la persecución en sus países de origen, en busca de una vida mejor y más segura. Sin embargo, al llegar a nuestro país se enfrentan a una situación aún más precaria, sin acceso a derechos fundamentales como la sanidad o la educación.
Ante esta situación, la Iglesia ha sido una de las voces más activas en su defensa. Desde Cáritas hasta la Comisión Episcopal de Migraciones, pasando por numerosas entidades y organizaciones diocesanas, se han esforzado por visibilizar y acompañar a estas personas que viven en la sombra.
La aprobación del decreto supone un gran paso adelante en la defensa de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, independientemente de su origen o situación administrativa. Además, este hecho demuestra que la sociedad civil puede y debe ser escuchada por las instituciones.
La regularización de estas personas no solo responde a una cuestión de justicia, sino también a una necesidad real de nuestro país. Muchas de estas personas trabajan en sectores fundamentales como la agricultura, la hostelería, el cuidado de personas mayores o el trabajo doméstico, desempeñando un papel esencial en la economía española.
Con este decreto, se les otorga la posibilidad de regularizar su situación y acceder a derechos fundamentales, lo que les permitirá trasladar una vida más digna y contribuir aún más al desarrollo de nuestro país.
Además, esta medida también supone un refuerzo en la lucha contra la explotación laboral y la economía sumergida, ofreciendo a estas personas una mayor protección y garantías laborales.
La solidaridad y el compromiso de la Iglesia y otras organizaciones sociales han sido determinantes en la consecución de este logro. Gracias a su trabajo y esfuerzo, se ha conseguido que la voz de las personas más vulnerables sea escuchada y se les reconozcan sus derechos.
Sin embargo, no podemos conformarnos con este avance. Aún queda mucho por hacer en la lucha por una sociedad más justa e inclusiva, en la que todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto.
Por eso, es fundamental seguir trabajando juntos, desde la sociedad civil y las instituciones, para seguir avanzando en la protección de los derechos de todas las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en una situación más vulnerable.
Este decreto es una muestra de que cuando se unen esfuerzos y voluntades, es posible lograr grandes cambios y conquistar la justicia. Una justicia que no solo beneficia a las personas sin papeles, sino que enriquece a toda la sociedad.
En definitiva, la aprobación del decreto que regula la situación de las personas sin papeles en España es una gran noticia que debe llenarnos
