La Asociación de Bancos (ABIF) ha expresado su preocupación ante la decisión del Ejecutivo de no ajustar el umbral de restitución a clientes por fraudes bancarios. Esta ley, que cuenta con la opinión favorable de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), mantiene el límite de 35 UF (poco más de 1.389.000 pesos) para la devolución de operaciones desconocidas por el usuario de los medios de pago en un plazo de 10 o 15 días, dependiendo del tipo de transacción.
La entidad ha señalado que esta postura del Gobierno contradice el objetivo inicial de la normativa, que buscaba reducir los incentivos a ilícitos. Además, la ABIF ha destacado que la ley de Fraudes aún mantiene distorsiones fundamentales en el sistema de pagos, lo que se refleja en una tasa de fraudes tres veces mayor a la observada antes de las modificaciones en mayo de 2020 y más de 6,5 veces superior a la registrada en la Unión Europea.
La Asociación de Bancos también ha denunciado la persistencia de malas prácticas en torno a los umbrales definidos, lo que pone en riesgo la seguridad y el desarrollo del sistema de pagos, así como la inclusión financiera de los ciudadanos. Por esta razón, la ABIF ha cuestionado la decisión del Ejecutivo y ha solicitado una revisión de la ley de Fraudes.
Además de mantener el umbral en 35 UF, la Asociación de Bancos ha destacado la prisa de modificar el estándar probatorio de dolo o culpa grave, ya que Chile es el único país en el mundo con este tipo de responsabilidad. También se ha demandado la restitución de la posibilidad de comercializar seguros que protejan a los clientes víctimas de fraudes, así como la creación de una instancia administrativa que canalice los casos en los que no corresponde la restitución de fondos, evitando así sobrecargar los Juzgados de Policía Local.
En resumen, la Asociación de Bancos ha manifestado su desconcierto ante la decisión del Ejecutivo de mantener el límite de restitución en 35 UF, ya que va en contra de los objetivos de la ley de Fraudes y pone en riesgo la seguridad y el desarrollo del sistema de pagos en Chile. Por esta razón, se ha pedido una revisión de la normativa y la adopción de leys que permitan una mayor protección a los clientes bancarios y una mayor eficiencia en el sistema de pagos del país.
