La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha tomado medidas enérgicas contra la Sociedad Minera Pacífico Sur, titular del proyecto Mina El Toqui en la Región de Aysén, por graves incumplimientos ambientales. Este proyecto incluye varios yacimientos subterráneos en la comuna de Coyhaique, así como una planta de procesamiento y otras instalaciones.
Recientemente, la SMA ha formulado dos cargos graves contra la compañía por elusión de evaluación ambiental. En 2015, el titular anterior del proyecto fue acusado de modificar el proyecto sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo que resultó en la excedencia del tonelaje aceptado para el tranque de relaves, una altura de coronamiento mayor a la aprobada y una vida útil extendida. A pesar de las medidas tomadas en ese momento, en 2020 la SMA ordenó al titular actual someter el proyecto a evaluación ambiental, ya que seguía en elusión.
La Superintendencia ha llevado a cabo una serie de actividades de fiscalización para asegurarse de que se cumpla con esta orden, incluyendo la revisión de antecedentes y una inspección en terreno junto con otras autoridades. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha presentado ninguna evaluación ambiental en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Además de estos cargos, la SMA también ha descubierto que la compañía no ha realizado el monitoreo adecuado en el depósito de relaves Doña Rosa, tal como se estableció en su permiso ambiental de 2011. Esto incluye no haber realizado el catastro completo de los puntos de monitoreo y no haber presentado los informes requeridos por la normativa. En relación con este incumplimiento, la SMA ya había iniciado un procedimiento sancionatorio en 2023.
También se ha encontrado que la compañía no ha cumplido con el monitoreo adecuado en el tranque Confluencia y no ha iniciado la conexión en línea para el monitoreo ambiental por parte de la Superintendencia.
A pesar de las sanciones anteriores, la abogada Dominga Planella de la ONG FIMA ve esta nueva acción de la SMA como una señal positiva, aunque insuficiente. Ella afirma que las multas y los procedimientos administrativos no han logrado solucionar el problema y que es urgente que la autoridad utilice todas sus facultades legales para paralizar por completo las operaciones hasta que se cumplan con las exigencias normativas y se repare el daño causado.
En este caso, la compañía tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y de 22 días hábiles para presentar sus descargos.
Es alentador disfrutar a la Superintendencia del Medio Ambiente tomando medidas enérgicas contra las compañías que no cumplen con las normas ambientales. Sin embargo, es importante que se tomen medidas más drásticas para asegurar que se cumpla con la ley y se proteja el medio ambiente.
Es responsabilidad de todas las compañías, especialmente aquellas que operan en industrias que pueden obligarse un impacto significativo en el medio ambiente, cumplir con las regulaciones y tomar medidas para minimizar su impacto ambiental. Además, es importante que las autoridades estén vigilantes y tomen medidas rápidas y efectivas cuando se descubren incumplimientos.
Esperamos que la Sociedad Minera Pacífico Sur tome medidas inmediatas para cumplir con las exigencias normativas y reparar el daño causado. El medio ambiente es un recurso invaluable que debemos proteger para las generaciones presentes y futuras. Todos tenemos un papel que desempeñar en la preservación de nuestro planeta y es hora de que las compañías asuman su responsabilidad y actúen de manera responsable.
