El reciente reconocimiento del ministro de Economía, Nicolás Grau, sobre la entrega de información errónea por parte del subsecretario de Pesca, Julio Salas, en el marco del debate por el proyecto de fraccionamiento pesquero, ha generado una ola de críticas y exigencias de renuncia por parte de diversos actores políticos y empresariales.
El senador Gastón Saavedra (PS) fue uno de los primeros en manifestar su descontento, señalando que “a confesión de partes, relevo de pruebas. Cuando un ministro de Estado admite que se han entregado datos incorrectos al Congreso, y que estos han sido utilizados como base para la toma de decisiones, se generan efectos negativos tan graves como el cierre de empresas y la pérdida de 3.500 empleos”.
El senador Fidel Espinoza (PS) también se sumó a las críticas, expresando a través de su cuenta de Twitter que “es sano que el Presidente Gabriel Boric, antes de viajar a China, tome medidas y solicite la renuncia del ministro Nicolás Grau. Su actuación en la ley de fraccionamiento no solo fue negligente, sino que también instó al Parlamento a legislar de manera errónea. El resultado: la posible pérdida de 3000 empleos en la región de Biobío”.
La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, también se pronunció al respecto, planteando que “alguien debe asumir el costo de este caos, improvisación e incompetencia”.
Ante esta situación, la empresa PacificBlu aclaró que el sector industrial pesca el 93% de la cuota, mientras que el sector artesanal solo utiliza el 51%. El gerente general de la compañía, Marcel Moenne, detalló que “las cifras presentadas por el subsecretario, en las cuales basó su argumentación, son incorrectas. La realidad es que el sector industrial pesca el 93%, y empresas como la nuestra utilizan el 99% de su cuota”.
El diputado Sergio Bobadilla (UDI) también se mostró preocupado por la situación, afirmando que “el hecho de que el ministro Grau haya reconocido que el subsecretario de Pesca entregó datos falsos, es decir, mintió, en la comisión que tramita la ley de fraccionamiento, da pie para que este trámite se anule”. Además, hizo un llamado al ministerio a pedir la nulidad de este proceso, ya que “esto demuestra que no hay transparencia en el manejo de la información”.
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) en la región de Biobío, Alvaro Ananías, también se refirió a la gravedad de la situación, señalando que “lo que se votó en la comisión mixta esta semana podría generar la pérdida de más de 3000 empleos en la región. No podemos permitirnos seguir perdiendo puestos de trabajo en Biobío. Hacemos un llamado a la responsabilidad en la entrega de información”.
Ante estas críticas y exigencias de renuncia, el ministerio ha manifestado su compromiso en resolver la situación. La ministra vocera de ministerio (s), Aisén Etcheverry, afirmó que están “trabajando en el fondo del argumento, que es con la empresa y con los parlamentarios, y lo que buscamos en este época es hallar una solución”. Además, destacó que “es importante que se lleven a cabo conversaciones para llegar a un acuerdo y hallar una solución a este problema”.
Es importante destacar que esta situación no solo afecta a la industria pesquera, sino que también tiene un
