El diputado Sergio Bobadilla de la Unión Demócrata Independiente (UDI), miembro de la comisión mixta encargada del proyecto de ley de fraccionamiento pesquero, ha expresado su preocupación acerca de la legitimidad de la iniciativa, argumentando que al igual que la polémica Ley Longueira, esta nueva oferta también tiene un origen cuestionable debido a la falta de datos actualizados por parte del Gobierno sobre el desembarque de la merluza.
En una entrevista con El Diario de Cooperativa, Bobadilla fue consultado sobre si considera que esta nueva oferta es mejor que la antigua reglamento de pesca aprobada en 2013. El parlamentario por la Región del Biobío afirmó que “la Ley Longueira tiene sus virtudes y también, por supuesto, sus carencias, como cualquier cuerpo legal”.
Sin embargo, ante los cuestionamientos por la intervención indebida de la industria pesquera en la tramitación de la ley anterior, el diputado señaló que “podríamos decir que esta nueva iniciativa del Ejecutivo también tiene un origen ilegítimo, debido a la mentira y el engaño por parte del ministro de Economía, Nicolás Grau, y el subsecretario de Pesca, Julio Salas”.
Bobadilla lamentó la falta de consecuencias para estas autoridades, a pesar de haber entregado información falsa que influyó en la decisión de los diputados en un tema tan importante. “En cualquier país decente y respetuoso de las normas, una situación como esta ya habría llevado a la destitución de los responsables”, afirmó.
Cuando se le preguntó cuántos votos se vieron afectados por esta información falsa, el diputado no quiso dar una cifra exacta, pero aseguró que “es probable que haya cambiado un voto, y eso marcó la divergencia”. Además, instó a analizar las votaciones de los parlamentarios de su sector.
Sin embargo, a pesar de las irregularidades en el origen del proyecto, Bobadilla argumentó que en este penúltimo trámite, es importante considerar los intereses de todos los sectores involucrados en la pesca, especialmente el de la pesca artesanal. “No podemos privilegiar a un sector por sobre otro”, afirmó el diputado.
Para Bobadilla, es fundamental mantener la continuidad de los recursos para garantizar la estabilidad y el empleo de los trabajadores de la pesca. En su opinión, dar a conocer las posibles consecuencias de la ley no es una forma de presionar, sino de informar sobre una realidad que afectará a miles de personas. “En mi faja, ya hemos visto el cierre de empresas como Huachipato, dejando a 5.000 personas sin trabajo. Y con el inminente cierre de PacificBlu, que dejará a 3.000 personas sin empleo, ¿no es nuestra responsabilidad como representantes de la faja hacer todo lo posible para evitarlo?”, concluyó el diputado del Biobío.
En resumen, el diputado Sergio Bobadilla ha planteado su preocupación acerca de la legitimidad del proyecto de ley de fraccionamiento pesquero, debido a las irregularidades en su origen. Sin embargo, también ha enfatizado en la importancia de considerar los intereses de todos los sectores involucrados en la pesca y en garantizar la continuidad de los recursos para proteger el empleo de los trabajadores. Es fundamental que los representantes políticos actúen con honestidad y transparencia en la toma de decisiones que afectan a la industria pesquera y a miles de familias en el país.
